Autor: Peña Monje

La Red Española Contra la Trata de Personas (RECTP), de la que Cáritas Española es entidad colaboradora, considera que estamos ante una oportunidad histórica para garantizar de manera integral la protección de las víctimas de trata y explotación de seres humanos en todas sus formas.

Según datos de 2022 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, tan solo 129 personas fueron identificadas como víctimas de trata con fines de explotación sexual, de las más de 6.600 personas detectadas en situación de riesgo por trata de seres humanos y explotación sexual. Estos datos no reflejan la dimensión real de esta grave violación de derechos humanos. De acuerdo a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) se calcula que, por cada víctima de trata identificada, existen 20 más sin identificar. 

Desde los diferentes mecanismos internacionales, en particular, el Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), insta a las autoridades españolas, en su informe de evaluación sobre España de 2018, a adoptar un plan integral que aborde todas las formas de trata, cualquiera que fuera la finalidad de explotación perseguida y no sólo la trata con fines de explotación sexual, y a mejorar los procedimientos de identificación y asistencia a las víctimas.

El Plan Normativo Anual 2023, el Plan Operativo para la Protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución (Plan Camino, 2022-2026), la Estrategia Estatal contra Violencias Machistas (2022-2025), la Estrategia de Desarrollo Sostenible (2030) y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA, 2021-2023) contemplan la voluntad del Gobierno de poner en marcha una ley orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos que aborde todas las formas de trata y que dé respuesta a las recomendaciones de mecanismos internacionales.

Del mismo modo, la Estrategia de Erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia prevé la adopción de reformas legislativas alineadas con la LO 8/2021 que garanticen una aproximación integral a la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la trata de niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, a pocos meses de que finalice la legislatura, parece que hay absoluta falta de voluntad política por parte del Ejecutivo de cumplir con este compromiso y con sus obligaciones internacionales. Por ello, pedimos al Gobierno que, en el próximo Consejo de Ministros, que se celebre en el mes de mayo, apruebe el anteproyecto de ley para que pueda iniciar su tramitación parlamentaria y proteja los derechos de todas las víctimas.

Desde la RECTP llevamos más de diez años insistiendo a las autoridades españolas en la necesidad de que el Estado cuente con una ley integral que aborde todas las formas de trata, tipos de explotación y formas de esclavitud. En el mes de diciembre la RECTP hizo aportaciones al anteproyecto de ley en línea con los estándares internacionales durante el trámite de audiencia y también se dirigió a los Ministerios competentes para trasladarles sus preocupaciones y recomendaciones. Desde entonces han pasado ya cinco meses y seguimos esperando su aprobación.

Momento crítico

Las organizaciones de la sociedad civil pedimos al Gobierno que apruebe urgentemente el anteproyecto de ley en el próximo Consejo de Ministros. Estamos en un momento crítico a nivel político con elecciones autonómicas y municipales muy próximas y con España ostentando la Presidencia de la UE a partir del 1 de julio de 2023.

El Gobierno no debe dejar pasar esta oportunidad para que la ley se pueda tramitar de forma urgente en el Parlamento y se apruebe antes de que se produzca la disolución de las Cortes Generales en el último trimestre del año. De no hacerse, lamentablemente España habrá incumplido con su compromiso con las víctimas de trata de seres humanos y también con sus obligaciones internacionales. Solo se trata de voluntad política. ¿A qué espera el Gobierno para hacerlo?

Organizaciones miembro de la RECTP: A21, APRAMP, Askabide, Asociación Amar Dragoste, Asociación Nueva Vida, Asociación Trabe, CEAR, Diaconía, FAPMI, Federación Andalucía Acoge, Federación de Mujeres Progresistas, Fiet Gratia, Fundación Amaranta, Fundación APIP-ACAM, Fundación Cepaim, Fundación Cruz Blanca, Médicos del Mundo, Mujeres en Zona de Conflicto, Oblatas, ONG Rescate, Programa Daniela, Proyecto Esperanza, Themis, Villa Teresita y Womenslinkworldwide; además de las organizaciones colaboradoras de la RECTP: Accem, Amnistía Internacional, Antena Sur contra la Trata, Cáritas, Cruz Roja y Save the Children.

Por Nivel Técnico Mixto de Territorio Rural

Si queremos y creemos que es posible mejorar, recuperar, restituir, renombrar, reinventar y poner en el lugar que merece al Mundo Rural, y trabajamos por ello, Dios y la naturaleza empujarán a favor nuestro.

En esta sociedad de consumo donde suele confundirse “lo que vale” con “lo que cuesta” y se considera a la economía de mercado como la madre de toda la actividad humana, queremos reivindicar —al igual que otros grupos y movimientos cristianos— un modelo de desarrollo integral de todos los seres humanos desde la perspectiva del bien común, la construcción de la justicia y el cuidado de la Creación.

Como el Papa Francisco nos lo ha explicado reiteradamente “el dinero se convierte en ídolo y tú le das culto. Y por esto Jesús nos dice: no puedes servir al ídolo dinero y al Dios viviente. O el uno o el otro».
Nosotros, personas que vivimos en el territorio rural, sabemos que, en gran medida, nuestro entorno se está quedando yermo por causa del individualismo y la depredación de los que, en no pocas ocasiones, somos partícipes los propios habitantes de nuestros pueblos.
Necesitamos, por salud comunitaria y justicia social, trabajar unidos en favor de la sostenibilidad de las poblaciones rurales y sus entornos.

Las dinámicas del “usar y tirar” y el “sálvese quien pueda” nos están abocando a la muerte colectiva. Las personas que habitamos en el mundo rural debiéramos tener más protagonismo en la lucha por el desarrollo sostenible de las poblaciones y el cuidado del entorno natural, empujando y animando a la ciudadanía y a los responsables políticos y económicos en todos los niveles sociales, en lugar de delegar en ellos la responsabilidad y los procesos de trabajo.

Como servicio organizado de la caridad en el seno de la Iglesia tenemos, desde Cáritas, una responsabilidad ineludible. Las palabras “amaos unos a otros” siguen siendo, hoy, la única medicina capaz de sacarnos de esta pandemia de desvinculación social, desafección política, desligamiento de la tierra y, en definitiva, de suicidio colectivo.

Este “amaos unos a otros” se ha hecho más grande y se extiende más allá de nuestra comunidad y de nuestra condición de seres humanos: incluye a las personas extranjeras, a las neorurales, a los turistas, a los vecinos de toda la vida y también a los de poblaciones cercanas; pero también abarca al paisaje que nos acoge y acompaña, a la historia y la cultura de aquí y de allí, a los animales y plantas, a la tierra y el agua…

Con la ayuda de Dios, todo es posible. San Isidro lo sabía bien y por eso no lo confiaba todo a sus propias fuerzas, sino que dejaba espacio para la acción del Espíritu Santo, que llega donde nosotros no alcanzamos y lo hace de la mejor manera posible.

Bajo el lema “Le sienta bien a todo al mundo”, Cáritas se unirá a la celebración del Día Mundial del Comercio Justo (13 de mayo). Con esta jornada, las organizaciones de Comercio Justo quieren llamar la atención de los consumidores y consumidoras ante las condiciones abusivas de trabajo, la explotación infantil o la destrucción de bosques que, en muchos casos, se esconden detrás de productos cotidianos como el café, el cacao, el azúcar, el té o la ropa.

En la nota difundida por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo para esta jornada, se recuerda que los productos de Comercio Justo garantizan el respeto a los derechos laborales y humanos, salarios y condiciones dignas, combaten la explotación infantil, apuestan por la igualdad de género y son producidos con técnicas respetuosas con la tierra y el entorno natural. Este modelo comercial, que nació en los años 60, está hoy presente en más de 70 países.

Qué hacemos en Cáritas:

• A través de su Red de Comercio Justo, en la que participan 24 Cáritas Diocesanas, Cáritas está contribuyendo a la transformación de este modelo injusto de comercio que daña a las personas y el planeta.
• Durante el año 2022 se han realizado 432 acciones de sensibilización y denuncia de prácticas insostenibles y poco inclusivas, a través de campañas, charlas, actividades formativas y participación en ferias y otros espacios.
• Contamos con 45 puntos de venta y 21 tiendas repartidos por todo el territorio. (VER MAPA)
• Las acciones de Comercio Justo desarrolladas por le red, han supuesto una inversión de 635.030€, de los cuales se han recuperado 564.693€ de la facturación por venta de productos (89%).
• Por último, acompañamos y colaboramos con otros agentes y entidades, de forma nacional e internacional, desde el modelo de cooperación fraterna. Buen ejemplo de esta colaboración son los proyectos apoyados por Cáritas Española en Bangladesh y Tierra Santa.

Puedes ver todas las actividades de la Red de Comercio Justo de Cáritas en la web interactiva http://www.lesientabienatodoelmundo.org/

La celebración del Día Mundial del Comercio Justo está promovida en nuestro país por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) de la que Cáritas forma parte.

Bajo el lema “Un trabajo decente tiene que ser un trabajo saludable”, la iniciativa de Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) lanza un Manifiesto con motivo del Primero de Mayo en el que pone el foco sobre el drama de la siniestralidad laboral en España y el resto del mundo, una realidad que arroja unas cifras de escándalo. Esta demanda confluye, además, con los objetivos del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra hoy.

Según se denuncia en el Manifiesto, en el año 2022 se produjeron en España, de acuerdo a los datos del Ministerio de Trabajo y Economía social, un total de 1.196.425 accidentes laborales, de los cuales 826 resultaron mortales, un 17,2% más que en 2021. Esto supone la muerte de más de dos personas al día. Además, dentro de este cómputo total de accidentes laborales, 3.801 fueron siniestros graves, 631.724 causaron baja laboral y otros 564.701 no produjeron baja laboral. A nivel mundial, se estima que en el año 2020 perdieron la vida 2,7 millones de personas por accidente o enfermedades laborales.

Estos datos sólo muestran una parte de la siniestralidad laboral, dado que las estadísticas no recogen los casos que, como señala el Manifiesto, se producen en el ámbito “de la economía sumergida, de quienes trabajan sin contrato o se les paga en negro, de quienes no se les ha diagnosticado una enfermedad laboral porque no se especifica su origen, o sus patologías no son reconocidas como tales o los profesionales desconocen los procedimientos para calificarla como laboral”.

El trabajo es para la vida

Las entidades que forman la ITD recuerdan que “el trabajo es para la vida” y denuncian que la “lógica economicista de este sistema separa el trabajo de la persona, la despoja de su esencia y capacidad creadora y de su propio SER; construye precariedad, inseguridad y somete al trabajador y la trabajadora a largas jornadas laborales, a altos ritmos de producción y le priva del merecido descanso”. Las secuelas, además de personales y familiares, son también sociales, pues inciden en la convivencia y en las relaciones, lo que lo convierte en un problema político que requiere una respuesta también política.

Con objeto de revertir la situación actual de precariedad laboral que provoca la alta tasa de siniestralidad en el puesto de trabajo, ITD exige a los poderes públicos que velen por el cumplimiento de la legislación laboral, se generen más recursos para que se investiguen los accidentes y muertes en el trabajo y se depuren responsabilidades, se pongan los medios para que no vuelva a suceder, y se facilite los trámites burocráticos a las víctimas y sus familias para que les sea reconocida su situación de siniestralidad.

ITD apuesta por seguir “defendiendo la vida por encima del beneficio, la dignidad de la persona por encima de la productividad y el bien común por encima de los intereses personales, y revertir esta situación de injusticia con nuestro compromiso personal y comunitario desde la cultura del cuidado y la solidaridad”.

Para ello, Iglesia por el Trabajo Decente se compromete en esta Fiesta del Trabajo a impulsar movimientos de solidaridad que defiendan la salud y la seguridad en el trabajo junto a otras personas y colectivos; a potenciar el asociacionismo para reforzar la interlocución con las Administraciones; y a apoyar la labor que realizan los sindicatos para extremar la prevención y exigir el cumplimiento de la normativa laboral.

El Manifiesto concluye con la exhortación del papa Francisco en la Nochebuena del 2021. “En el día de la Vida repitamos: ¡No más muertes en el Trabajo! (…) y esforcémonos por lograrlo (…) Dios viene a colmar de dignidad la dureza del trabajo. Nos recuerda qué importante es dar dignidad al hombre con el trabajo, pero también dar dignidad al trabajo del hombre, porque el hombre es señor y no esclavo del trabajo”.

Modelo del buen samaritano

Esta misma demanda de Francisco es la elegida por los obispos de la Subcomisión para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española en la nota publicada con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, donde reclaman el fin de las muertes en el trabajo. En este sentido, ITD valora esta declaración, comparte su orientación que plantea seguir que “el modelo del buen samaritano” para “actuar ante la siniestralidad laboral y para implicarnos y comprometer a otras personas e instituciones” y reconoce la tarea de esta iniciativa en la promoción de la defensa de la vida en el trabajo, “creando conciencia en nuestras comunidades eclesiales, implicándonos en la denuncia de esta injusticia y apoyando las iniciativas y campañas, como la que ya lleva a cabo Iglesia por el Trabajo Decente”.

Cáritas acoge con satisfacción la aprobación hoy en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, que se convierte en la primera norma a nivel estatal que regula este derecho humano en España. Supone una gran noticia la aprobación de un texto, pendiente ahora de su tramitación en el Senado, que ya en su primer borrador destacaba en su exposición de motivos la prioridad y urgencia de las personas y familias vulneradas —objeto preferente de la misión de Cáritas— para las políticas públicas de vivienda.

La Confederación Cáritas ha venido trabajando, tanto a título particular como dentro de las diversas plataformas y redes estatales de la que es miembro, en un arduo y largo camino de propuestas para que este proceso legislativo —ante-proyecto de ley, proyecto y sus diversas enmiendas y acuerdos transaccionales— se fuera abriendo paso entre los distintos grupos parlamentarios para llegar a un acuerdo final donde la garantía de disfrutar de un hogar para las personas y familias en exclusión social y vulnerabilidad que acompañamos pudiera encontrar un claro reflejo y desarrollo.

Junto a esta satisfacción por el resultado alcanzado hoy en el Congreso, cabe señalar que el Proyecto de Ley es todavía insuficiente, sobre todo cuando queda pendiente conocer cuál va a ser la implicación de las fuerzas políticas en su ulterior desarrollo reglamentario y territorial, que será, sin duda, muy complejo.

Como señala Sonia Olea Ferreras, experta de Cáritas en temas de vivienda, “a partir de ahora, tenemos delante un marco legal con definiciones y fundamentos muy positivos para articular una posible política de vivienda pública que incorpore, de verdad, a los últimos y descartados de la sociedad”. Dicho esto, advierte sobre “el peligro de que este avance legislativo se quede sólo en principios y objetivos sin cumplir para la realidad diaria de cientos de miles de personas y familias que sufren el dolor espantoso de afrontar la pérdida de su hogar, de no tenerlo o de verse forzados a elegir entre costearlo, alimentarse o encender la luz”.

Vivienda de emergencia para todos

Cáritas quiere subrayar, una vez más, que la vivienda es una necesidad básica y de urgencia máxima para cualquier persona y familia. Hasta ahora, la normativa a nivel estatal que hacía referencia a su acceso no contenía la especificidad de la vivienda de emergencia dentro de la cartera de prestaciones básicas que, desde los distintos ámbitos territoriales, se encuentra a disposición de forma universal para las personas vulnerables. Este es el motivo por el que, para Cáritas, esta haya sido una de nuestras propuestas fundamentales durante toda la tramitación de la nueva ley.

El artículo 3 del Proyecto de Ley, en su letra f) así lo recoge de forma casi idéntica a la formulada por Cáritas: Podrá tener la consideración de vivienda social de emergencia aquella vivienda social que esté destinada a atender situaciones de emergencia, ofreciendo solución habitacional a corto plazo y de forma temporal, con carácter universal y hasta que se provea de una vivienda alternativa permanente, a personas y familias en situación de pérdida o imposibilidad para acceder a una vivienda adecuada, independientemente de las condiciones documentales y administrativas de las personas afectadas.

Acogida de nuestra propuesta de definición de sinhogarismo

Como ya manifestamos en febrero del año pasado ante la publicación del proyecto de ley aprobado por el Gobierno, fue una grata sorpresa encontrar entre las pocas novedades respecto al ante-proyecto de la norma la definición de la situación de sinhogarismo.

Igualmente, expresamos la seguridad de que, durante la tramitación parlamentaria, se afrontaría la limitación que esta primera versión tenía al no contemplar el consenso europeo de la Tipología ETHOS, recomendado por el Comité de las Regiones a todos los Estado miembro de la Unión Europea en el desarrollo de sus políticas públicas de vivienda respecto a incluir no sólo a las personas y familias que viven en calle y sin vivienda, sino también a quienes lo hacen en asentamientos urbanos y rurales, en barrios vulnerables e infraviviendas, en chabolas construidas con materiales de desecho o que están a punto de ser desahuciadas de sus hogares.

Saludamos también la modificación que se ha introducido en dicha definición en el texto aprobado hoy por el Congreso, de forma que las personas y familias sin hogar acompañadas por Cáritas en todo el país pueden ver reflejada su situación en la ley y, por tanto, la posibilidad de poder ser incluidas en las políticas públicas que afronten el sinhogarismo a nivel estatal, regional y local.

Enfoque insuficiente del derecho humano a una vivienda adecuada

Más allá de estos aciertos, el Proyecto de Ley del Derecho a la Vivienda aprobado no afronta dos de las propuestas de Cáritas sobre el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos. En esa misma línea, las relatorías de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los DDHH, y la del derecho a una vivienda adecuada se lo recomendaban el pasado mes de enero a nuestro Gobierno: no hace referencia en sus fundamentos de derecho a las Observaciones Generales de Naciones Unidas que desarrollan este derecho y a los dictámenes condenatorios del Comité DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) a España por su vulneración.

En segundo lugar, y con referencia a los desalojos forzosos sin alojamiento alternativo, si bien Cáritas valora positivamente que se hayan hecho algunas mejoras respecto al juicio de proporcionalidad a realizar por nuestra judicatura, estas resultan insuficientes, pues sigue sin incluir las medidas previstas en la Observación número 7 del Comité DESC, lo que no impide que se pueda desalojar a personas vulnerables mientras no haya un alojamiento alternativo.

Salir del “pozo oscuro de la vivienda”

Con respecto a la titularidad pública permanente de la vivienda social que paliase, en gran medida, la posibilidad de corregir la grave crisis de exclusión residencial que vivimos desde 2008, Cáritas considera que el texto aprobado por el Congreso no ha conseguido profundizar, como propusimos en febrero de 2022, en el desarrollo de las herramientas jurídicas con el objetivo de la recuperación y promoción de vivienda de protección oficial de titularidad pública permanente y siempre de alquiler (considerándola como equipamiento público y reservando, para ello, importantes porcentajes de suelo con uso dotacional). A esto habría que añadir la inclusión en estos parques de vivienda de escalas suficientes de vivienda social para personas y familias vulnerables (es decir, sin ingresos estables o con ingresos inferiores al mínimo establecido).

“No tener un hogar es mucho más que estar sin Techo” ha sido uno de nuestros lemas de la Campaña Nadie Sin Hogar. La Ley por el derecho a la vivienda es, sin duda, un paso cualificado hacia ese logro, pero también menos seguro, profundo y potente del que esperábamos, en especial a la hora de proteger los derechos de las personas más vulnerables que hoy día se sienten sin esperanza, sumidas en ese “pozo oscuro de la vivienda” del que es casi imposible salir.

Cáritas mantiene su apuesta por avanzar en la ineludible tarea de articular políticas públicas concretas, efectivas, transversales e interrelacionadas en los tres niveles territoriales (local, nacional e internacional) y en los distintos ámbitos temáticos que lo hagan posible.

En la mañana de hoy, 27 de abril, la directora de Cáritas Diocesana, María Macías García, y el director del Instituto Teológico San Leandro, Isaac Moreno Sanz, han firmado un convenio de mutua colaboración en materia formativa.

Gracias a este acuerdo los trabajadores y voluntarios de la entidad de acción caritativa y social de la Iglesia católica en Huelva podrán beneficiarse de algunas ventajas a la hora de acceder a la propuesta formativa del Instituto Teológico de la Diócesis de Huelva, que incluye a los estudios de Bachiller en Teología u otros cursos extra académicos que se ofrecen desde este centro.

Por su parte, Cáritas Diocesana participará en los cursos de formación específica en materia de Pastoral Social y Promoción Humana que el Instituto Teológico San Leandro proponga dentro del Plan de Formación para voluntarios y agentes de pastoral de la Diócesis de Huelva. De igual modo, el Instituto participará de las iniciativas formativas organizadas por el Departamento de Formación y Animación Comunitaria de Cáritas Diocesana.

En palabras de Isaac Moreno “con este convenio nuestro centro quiere responder al compromiso con la diócesis en materia de formación teológica y pastoral de todos sus agentes y esperamos que este sea el primero de otros acuerdos que queremos también establecer con otras instituciones de nuestra Iglesia y de otros ámbitos sociales”. Para María Macías “este acuerdo supone una oportunidad para la formación de nuestro equipo humano, técnicos y voluntarios, y es expresión de ese deseo de generar comunidad en la Iglesia y caminar juntos”.

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, el próximo 1 de mayo, Cáritas Española presenta su informe anual de Economía Solidaria para dar cuenta de la actividad desarrollada durante 2022 en un contexto marcado por la inestabilidad y precariedad del mercado laboral.

En un año en el que la inflación y las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania comenzaron a debilitar el crecimiento del empleo, Cáritas consiguió acompañar a 64.865 personas, de las cuales 12.807 (una de cada cinco) lograron acceder a un puesto de trabajo. En medio de un escenario plagado de dificultades, nuestra Confederación logró atender a un 11,7% más de personas que el año anterior, al pasar de 57.233 personas a 64.865.

Cáritas dedicó el año pasado la cifra récord de 117,5 millones de euros a todas sus iniciativas de economía solidaria (programas de empleo, empresas de inserción, comercio justo). La suma es un 15,9 por ciento superior al año anterior (18,8 millones de euros más). De ese total, 35,3 millones fueron destinados concretamente a itinerarios de inserción sociolaboral.

Si se tiene en cuenta que los 35 millones de euros invertidos en empleo han servido para que casi 13.000 personas encuentren trabajo, eso supone una inversión media de 2.700 euros por persona que accede al empleo.

“No hablamos de gasto, sino de inversión. Y no lo hacemos en términos metafóricos o poéticos sino porque para nosotros, cada recurso invertido supone un retorno en el medio-largo plazo desde el punto de vista social y también económico porque la persona no solo gana en autoestima, reconocimiento de su dignidad y acceso a sus derechos, sino que deja de percibir prestaciones, pasa a pagar impuestos y genera crecimiento económico por la vía del consumo”, explica el director de Acción Social, Francisco Lorenzo.

Empresas de inserción
Con el objetivo de contribuir a la construcción de la economía solidaria y de atender las necesidades de las personas en situación de desventaja social, Cáritas contó en 2022 con 67 iniciativas relacionadas con empresas de inserción, centros especiales de empleo y empresas sociales, que generaron 2.373 puestos de trabajo. La mayoría de sus 268 líneas de negocio están relacionadas con la actividad textil, la gestión ambiental y de residuos, limpieza, transporte y mensajería y restauración y catering.

El perfil de los participantes en los programas de empleo se mantiene similar a años anteriores: la mayoría son mujeres (64%), de más de 45 años (39%), con estudios básicos (38%). Las personas procedentes de países no comunitarios son ligeramente superiores a las nacionales (52%).

“Detrás de ese perfil se dan multitud de situaciones aisladas o que se suman y que hay que ir superando para lograr el objetivo de inserción laboral. En muchas ocasiones nos encontramos con personas que carecen de competencias digitales, presentan dificultades de aprendizaje, escasa experiencia laboral o muchos problemas de conciliación familiar, además de graves carencias socioeconómicas, dificultades con el idioma y baja autoestima que lleva a la desmotivación”, apunta el director de Acción Social de Cáritas Española.

“Toda esta realidad -añade- nos obliga a articular una atención integral, muy individualizada, y con una metodología eminentemente práctica, que acelere y facilite el aprendizaje y les ayude a superar las dificultades que les alejan del mercado laboral”.

Durante el año pasado, Cáritas invirtió en acciones que generan empleo protegido (empresas de inserción, centros especiales de empleo y empresas sociales) 81,6 millones de euros, casi 15,1 millones más que el año anterior. De este importe, el 84% procedió de la facturación por ventas, que fue de 68,8 millones de euros.

Comercio justo
Las acciones de comercio justo desarrolladas en 24 Cáritas diocesanas supusieron además una inversión de 635.030 euros de los cuales se lograron recuperar 564.693 de la facturación por venta de productos (89%). Esta red cuenta con más de 21 tiendas y 45 puntos de venta repartidos por toda España, que funcionan no solo como lugares de comercialización de productos, sino que generan espacios de sensibilización para que los consumidores visibilicen las personas y procesos que hay detrás de cada producto y contribuyan a fomentar un consumo responsable.

Cáritas, además, acompaña a grupos de productores y cooperativas en países en los que la organización está presente desde su modelo de cooperación fraterna, trabajando en red y en alianza con otros actores del movimiento de comercio justo a nivel local, estatal e internacional.

Finanzas éticas
Cáritas apuesta además de manera decidida por un modelo de finanzas que vaya más allá de la rentabilidad económica. “Las finanzas éticas garantizan a los ahorradores que su dinero se invierte en proyectos que buscan el desarrollo de las personas, favorecen la redistribución de la riqueza y protegen el medioambiente”, indica Francisco Lorenzo.

El sistema financiero se mueve en función de las decisiones que toman personas que eligen dónde quieren invertir su dinero sin pensar muchas veces en las consecuencias que esa decisión tiene para otras. Por eso, informarse y elegir alguna de las opciones que ofrecen las Finanzas Éticas pueden ser uno de los instrumentos con mayor capacidad de transformación de la sociedad.

Dentro de esta línea de trabajo: 43 entidades de Cáritas colaboran con entidades financieras que hacen compatibles la rentabilidad económica con la consecución de objetivos sociales y medioambientales.

“Cuando nos referimos a la Economía solidaria, pensamos en un mercado laboral con valores, en un sistema de finanzas éticas, en un comercio justo y un consumo responsable. Sabemos que el alcance actual de estas iniciativas es insuficiente, casi testimonial, pero evidencia que como sociedad podemos autoexigirnos una ética en todo lo que afecta a la economía. Una economía que escucha, que cuida, que suma y que cambia. Esta es la economía que queremos”, asegura el director de Acción Social de Cáritas Española.

La Fundación Amancio Ortega y Cáritas Española ponen en marcha la iniciativa “una Vivienda, un Hogar”, dirigida a paliar los problemas de exclusión social provocados por el acceso a la vivienda de las familias más vulnerables.

En el marco de este acuerdo, que tendrá una vigencia de 24 meses, la Fundación aportará 15 millones de euros que permitirán mejorar la situación de unas 15.000 personas, especialmente afectadas por las dificultades de acceso a la vivienda, provocadas por la actual situación de los mercados y los elevados precios de la energía.

La vivienda, segundo factor de mayor exclusión social

En los últimos años, las dificultades de acceso al derecho a la vivienda se han convertido, después de la falta de empleo, en el segundo factor que mayor exclusión social provoca entre la población atendida por Cáritas. En el último año, la Confederación Cáritas en España invirtió un total 12,6 millones de euros en ayudas a la vivienda, que beneficiaron a más de 10.000 personas.

En este contexto, la financiación de la Fundación Amancio Ortega permitirá dar respuesta a las dificultades a las que se enfrentan las familias más vulnerables en el marco de acceso a la vivienda: la realización de mejoras en las condiciones de habitabilidad de los hogares, optimizar la eficiencia energética y asumir el pago puntual de alquileres y suministros.

La red confederal de Cáritas recibió en 2022 más de 24,4 millones de euros de la asignación tributaria. Esos fondos fueron destinados a distintos programas relacionados con el acompañamiento de personas y familias en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, destacan proyectos de acogida y asistencia, familia, infancia y juventud, mayores, personas en situación de sin hogar y vivienda.

Desde 2017, los fondos asignados por los contribuyentes a través de la casilla de Actividades de Interés Social, conocida como la ‘X Solidaria’, se distribuyen a las organizaciones del Tercer Sector a través de una convocatoria pública de subvenciones en un sistema de doble tramo -y que las ONG destinan íntegramente a proyectos concretos no a sus estructuras-. Las Comunidades Autónomas se encargan de asignar el 80% de esos recursos, mientras que al Estado le corresponde el reparto del 20% restante.

“La solidaridad de los contribuyentes españoles a través de las casillas de la asignación tributaria permite a Cáritas poner en marcha cada año cientos de proyectos sociales, ya que, como entidad del tercer sector de acción social, obtiene fondos a través de la casilla de “otros fines sociales” y también de la casilla destinada a la Iglesia católica, al ser la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia en España”, explica Eduardo López, del equipo de Sensibilización y Comunicación en Cáritas Española.

“De esta manera, -añade- el contribuyente puede multiplicar su solidaridad al aportar el 1,4% de sus impuestos tanto al sostenimiento de la Iglesia como a los fines sociales. Este sencillo gesto no supone pagar más ni que se le vaya a devolver menos en el resultado de su declaración”.

La pasada primavera, el 53% de las personas contribuyentes marcaron la casilla solidaria de la renta, superando los 11,7 millones de personas. Sin embargo, todavía hay un 47% que no lo hacen, o bien porque marcan solamente la casilla de la Iglesia católica o porque no marcan ninguna. Dejar en blanco estas casillas de la asignación tributaria supone que una parte importante de la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) pase cada año directamente a las arcas del Estado, en lugar de destinarse a fines sociales o al sostenimiento de la Iglesia.

Durante la presentación de la campaña de la X Solidaria, la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS) ha recordado que, si todos los contribuyentes marcaran la casilla de otros fines sociales, las organizaciones del tercer sector podrían haber recibido este año cerca de 704 millones de euros en lugar de los 425 que obtuvieron de la asignación tributaria, según el balance de los datos provisionales facilitados por Hacienda.

“Marcando ambas casillas -resalta Eduardo López- podemos apoyar a cientos de proyectos de atención a personas en situación de pobreza y exclusión, y, al mismo tiempo, la importante labor pastoral y litúrgica que lleva a cabo la Iglesia católica en España”.

Con motivo del inicio de la campaña de la Renta 2023 y con el objetivo de poder seguir impulsando una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, Cáritas ha lanzado la iniciativa “No cuesta nada ayudar X dos” para invitar a la sociedad a marcar las dos casillas.

En esta declaración de la Renta, piénsalo, “no cuesta nada ayudar X dos”.

En tu declaración de la renta marca las dos casillas de asignación solidaria para ayudar el doble a quien más lo necesita

No te cuesta nada y lo das todo