Cáritas DIOCESANA DE Huelva

En esta nueva fase, el programa ha acercado el Comercio Justo a jóvenes de distintas localidades de la provincia, entre ellas San Juan del Puerto, Bonares, Bollullos Par del Condado y Punta Umbría. La respuesta del alumnado ha sido excelente, con una participación activa y un notable interés por comprender cómo sus decisiones de consumo influyen en la realidad global.

Durante las sesiones se plantearon preguntas clave: ¿Es el Comercio Justo más caro? ¿Llega realmente el dinero a los productores? Para responderlas, el alumnado no se limitó a escuchar. A través de la dinámica “Bulos y realidades”, contrastaron información y desmontaron mitos muy extendidos. El aula se transformó en un espacio de debate vivo, donde los y las jóvenes reflexionaron sobre cómo el modelo de consumo actual impacta en los derechos humanos.

Este ejercicio les llevó a cuestionar sus propios hábitos de compra y a descubrir el poder transformador que tiene el uso cotidiano del dinero: la capacidad de perpetuar desigualdades o, por el contrario, de apoyar un sistema económico que respete la dignidad de las personas y el cuidado del planeta.

El acercamiento a los productos de la Tienda de Cáritas permitió materializar conceptos que, en ocasiones, pueden parecer abstractos. El alumnado comprobó que el Comercio Justo es una alternativa real, cercana y accesible, y que existen opciones al alcance de cualquiera.

“Comunicar para transformar” continúa demostrando que la educación en valores es esencial para construir una ciudadanía global comprometida. Gracias al trabajo del voluntariado del Área de Cooperación Internacional y al de las Cáritas Parroquiales de los pueblos. También a la implicación de los centros educativos, el proyecto sigue tejiendo una red de jóvenes que ya no miran sus compras de la misma manera: ahora saben que cada elección de consumo tiene el poder de cambiar el mundo.

Huelva, 27 de abril de 2026. Cáritas Diocesana de Huelva ha congregado a más de un centenar de voluntarios en el Encuentro Diocesano del Voluntariado, una cita anual ya consolidada en la Diócesis y que este año ha tenido lugar el sábado 25 de abril en la localidad de Bonares.

Este encuentro, profundamente arraigado en la vida comunitaria de Cáritas, nace con el propósito de favorecer el encuentro, fortalecer lazos, inspirar y celebrar la labor voluntaria que sostiene, acompaña y transforma la realidad de tantas personas en la provincia. La jornada se concibe como un espacio donde la formación, la cultura y la celebración se unen para reforzar el sentido de comunidad.

Una jornada de reflexión, fe y convivencia

El acto central del encuentro estuvo marcado por la ponencia “DILEXI TE: El amor a los pobres”, impartida por D. Luis Miguel Rojo Setién, Delegado Episcopal de Cáritas Española. Su intervención invitó a profundizar en la dimensión espiritual y social del compromiso con las personas más vulnerables.

Tras la ponencia, los asistentes participaron en una Eucaristía muy participada y acompañada de música, que reforzó el sentido de misión compartida. La jornada continuó con un almuerzo fraterno, momento de convivencia y diálogo entre voluntariado de distintos puntos de la provincia.

Como cierre, las personas participantes disfrutaron de una visita cultural a las Cruces de Bonares, auténticos monumentos locales declarados Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, que forman parte del patrimonio cultural y religioso del municipio.

Una celebración compartida

El Encuentro contó con la presencia del Sr. Obispo de Huelva, autoridades civiles de Bonares y diversos sacerdotes de la Diócesis, quienes quisieron acompañar y reconocer la labor del voluntariado.

Desde Cáritas Diocesana de Huelva se destaca que este tipo de iniciativas refuerzan la identidad y el compromiso del voluntariado, y permiten renovar la motivación y la alegría de servir. El encuentro se convierte así en un espacio para reafirmar la importancia del acompañamiento, la escucha y la presencia, pilares fundamentales de la acción de Cáritas.

ITD advierte de que la precariedad laboral deteriora la salud mental, debilita la estabilidad familiar y limita las expectativas de futuro

El mundo del trabajo continúa siendo un espacio de exclusión para miles de personas. El desempleo, la precariedad, los salarios insuficientes, la temporalidad abusiva y la siniestralidad laboral siguen marcando la vida de quienes trabajan o buscan empleo. A esta realidad se suma el deterioro de la salud mental y unas condiciones laborales que, en muchos casos, impiden desarrollar un proyecto de vida digno.

Con motivo del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo y la festividad de San José Obrero, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) alerta de que demasiadas personas quedan fuera del sistema laboral o atrapadas en condiciones indignas e inseguras.

El trabajo no puede costar la vida

Bajo el título “Ante la exclusión, trabajo decente”, el manifiesto pone el foco en una de las expresiones más graves de esta realidad: la siniestralidad laboral. En España, mueren de media dos personas trabajadoras al día en accidentes laborales. “Detrás de cada muerte hay un rostro, una historia, una familia rota”, señala el texto.

El papa León XIV ha advertido que los lugares de trabajo deberían ser espacios de vida, pero “con frecuencia se transforman en lugares de muerte y desolación”. Una sociedad que se acostumbra a estas muertes se degrada moralmente. Nadie debería perder la vida por ganarse el pan.

Asimismo, la iniciativa advierte de que la precariedad laboral no solo afecta a las condiciones materiales, sino que deteriora la salud mental, debilita la estabilidad familiar y limita las expectativas de futuro. Factores como la sobrecarga de trabajo, la falta de desconexión digital o los riesgos derivados del cambio climático están incrementando los riesgos psicosociales.

Especial atención merecen las personas trabajadoras migrantes, que con frecuencia se ven obligadas a aceptar empleos más duros y peligrosos, así como la creciente dificultad de acceso a una vivienda digna, un elemento clave en los procesos de exclusión social.

Medidas urgentes frente a la exclusión

Ante esta situación, ITD reclama reforzar los mecanismos de inspección laboral, impulsar una cultura preventiva real en las empresas y avanzar en la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a los nuevos desafíos del mundo del trabajo.

Asimismo, pide a las fuerzas políticas responsabilidad para alcanzar acuerdos que sitúen la vida en el centro, y exige a las empresas un compromiso firme con la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

“Ante la exclusión, proponemos fraternidad”, recoge el manifiesto, que apuesta por relaciones laborales basadas en los derechos, el respeto y el cuidado mutuo, así como por una economía al servicio de la dignidad humana.

En este 1º de mayo, la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente renueva su compromiso con la defensa de un trabajo digno, con derechos, seguro y estable, como base imprescindible para una sociedad más justa e inclusiva.

Tres años después del inicio del conflicto, Sudán atraviesa la crisis humanitaria más grave del mundo. Más de 33 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria en 2026, mientras que 21 millones sufren inseguridad alimentaria aguda y varias regiones ya se encuentran en situación de hambruna. De las tres hambrunas oficialmente declaradas a nivel global, dos se concentran en Sudán, un dato sin precedentes que refleja la magnitud de la emergencia.

La situación se ve agravada por el colapso de los sistemas básicos: entre el 70 % y el  80 % de las infraestructuras sanitarias están fuera de servicio, y la destrucción de los sistemas de agua y saneamiento está provocando brotes de enfermedades como el cólera. A ello se suman ataques sistemáticos contra la población civil, personal humanitario e infraestructuras esenciales, en un contexto de graves violaciones del derecho internacional humanitario.

El conflicto ha desencadenado además la mayor crisis de desplazamiento interno del mundo, con más de 10 millones de personas desplazadas dentro del país y más de 4 millones refugiadas en países vecinos como Chad, Sudán del Sur, Egipto y Etiopía, lo que está generando una crisis regional de gran escala.

Enorme impacto sobre la infancia y las mujeres

La infancia y las mujeres se encuentran entre los colectivos más afectados. La violencia sexual y de género se utiliza de forma sistemática como arma de guerra y afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas; más de 12 millones de personas se encuentran en riesgo, como resultado del conflicto y del colapso de los mecanismos de protección.

Más de 15 millones de niños y niñas necesitan asistencia, 13 millones están fuera de la escuela y cerca de 10 millones sufren directamente la violencia. Sudán se ha convertido, además, en una de las mayores crisis de protección infantil del mundo. Aproximadamente 10 millones de niños y niñas sufren hostilidades activas, la cifra más alta a nivel mundial. 15 millones necesitan asistencia, 13 millones están fuera de la escuela, 4,6 millones están desplazados internos y casi un millón han huido a países vecinos. Las Naciones Unidas han documentado las seis violaciones graves contra la infancia, incluido asesinatos y mutilaciones, reclutamiento infantil, violencia sexual, secuestros y ataques a escuelas y hospitales. Solo en 2025, más de 1.300 niños y niñas fueron asesinados o mutilados, al menos 190 sufrieron violencia sexual, y se verificaron más de 100 ataques contra escuelas y centros de salud.

Además, se producen ataques sistemáticos contra civiles, infraestructuras esenciales y personal humanitario, así como contra activistas de la sociedad civil y periodistas, que continúan siendo objeto de ataques, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y acoso sexual.

A pesar de la magnitud de la crisis, la respuesta internacional sigue siendo insuficiente. El plan de respuesta humanitaria cuenta con menos del 15 % de la financiación necesaria, lo que pone en peligro servicios esenciales como la atención sanitaria, la nutrición o el acceso a agua potable.

“Indicios de genocidio”La misión independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) señaló en su informe A/HR/61/77 del 17 de febrero de 2026 que se habían documentado situaciones de asedio, denegación de ayuda humanitaria, asesinatos en masa, violaciones y otras atrocidades en la toma de El-Fasher que considera indicadores de “indicios de genocidio”. Es necesario que estos indicios puedan investigarse de forma rigurosa en los tribunales internacionales competentes.

Medidas urgentes e ineludibles

En este contexto, las ONG destacan la Conferencia de Berlín como una oportunidad clave para impulsar una respuesta internacional y piden que se traduzca en compromisos concretos y urgentes por parte de España y la comunidad internacional.

• Garantizar la protección de la población civil y el respeto del derecho internacional humanitario.
• Asegurar un acceso humanitario pleno, seguro y sin restricciones.
• Responder de forma efectiva al hambre inducida por el conflicto y reforzar la resiliencia alimentaria.
• Impulsar el liderazgo de las organizaciones locales y comunitarias en la respuesta.
• Financiación suficiente, flexible y predecible,accesible a todos los actores de respuesta, incluyendo organizaciones locales y acompañada de una diplomacia humanitaria activa y coordinada, como elementos esenciales para frenar el deterioro de la situación.

Las organizaciones advierten de que la conferencia de Berlín representa una oportunidad crítica para evitar un mayor agravamiento de la crisis y exigen que se traduzca en acciones inmediatas que reduzcan el sufrimiento de la población sudanesa.

La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española consideran que la aprobación del Real Decreto, que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes, es una medida de responsabilidad política, ética y social.  

Ante un proceso tan complejo técnica y logísticamente que ha de desarrollarse en un período muy limitado de tiempo, las entidades firmantes confían en que el proceso de regularización extraordinaria dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, en particular aquellas que llevan sufriendo estas circunstancias durante un largo período de tiempo y no logran regularizar su situación por las vías ordinarias de la normativa de extranjería.

Este objetivo únicamente será posible si la Administración se dota de los medios adecuados para ofrecer información de calidad y ofrece posibilidades de registro presencial de expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias.

Expresión coherente del Evangelio

La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión. No se trata únicamente de una opción pastoral, sino también una exigencia en materia de derechos humanos y por tanto de una expresión coherente del Evangelio en la vida pública.  

Este paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión, supone además un refrendo al proceso participativo impulsado por la sociedad civil, que logró concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabar más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). 

Desde el año 2023 las cuatro entidades eclesiales han participado en este proceso y en multitud de reuniones con actores políticos y sociales exponiendo la preocupación compartida y constatada en el día a día de su labor de acompañamiento por la relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social. 

La irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación. Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en nuestro país. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social.  

Según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Una cifra que no para de crecer desde 2019. Al final, la irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que genera un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta a toda la convivencia social. 

Salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad

La regularización administrativa transforma de manera profunda la vida de las personas migrantes, porque les permite salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad asociadas a la irregularidad y acceder plenamente a derechos y oportunidades básicas. Contar con una autorización de residencia y trabajo abre la puerta al empleo formal y digno, a la estabilidad económica y a la posibilidad de planificar un proyecto de vida.  

También facilita el acceso efectivo a la sanidad, la vivienda, la educación y otros servicios esenciales, además de permitir realizar trámites cotidianos —como abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato— sin miedo. La regularización reduce la exposición a la explotación laboral, a la discriminación y a situaciones de abuso, y ofrece la tranquilidad de poder circular y relacionarse con las instituciones sin riesgo. En definitiva, supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social. 

La regularización permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el Estado del bienestar.

Cada vez somos más quienes nos movemos por las personas

Con motivo del inicio de la campaña de la Renta y con el objetivo de poder seguir impulsando una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, Cáritas ha lanzado la iniciativa “Únete al movimiento doble X” para invitar a la sociedad a marcar las dos casillas.

En esta declaración de la Renta, muévete y marca ambas casillas.

Cuando la enfermedad llega sin red familiar, las personas en situación de movilidad humana afrontan la salud desde la soledad y la incertidumbre, mientras espacios como la Casa de los Milagros de Cáritas Diocesana de Huelva sostienen su recuperación y sus cuidados

Cada 7 de abril, Día Mundial de la Salud, se vuelve a situar en el centro la idea de que la salud es un derecho universal. Sin embargo, cuando ese derecho se observa desde la experiencia de la movilidad humana, su significado se vuelve más complejo y, en muchos casos, más frágil. Porque la salud no empieza en un hospital ni termina en un tratamiento. Empieza mucho antes, en las condiciones que hacen posible poder recuperarte: tener un lugar donde descansar, alguien que te acompañe o una red que te sostenga. Cuando todo eso falta, enfermar deja de ser un episodio puntual para convertirse en una experiencia de vulnerabilidad muy grave.

En Huelva, esa realidad se palpa cada día en la Casa Santa María de los Milagros, un proyecto impulsado por Cáritas Diocesana de Huelva que acoge a personas enfermas sin hogar, muchas de ellas migrantes, para que puedan recuperarse en condiciones dignas. Allí, la salud se entiende de manera integral, como un proceso que no solo implica tratamiento médico, sino también cuidado cotidiano, estabilidad y acompañamiento. “Lo que pretendemos es ofrecer el cuidado que cualquier persona tendría en su casa, con su familia”, explica Juana Redondo, técnica de la casa. Su afirmación encierra, en realidad, una carencia estructural: quienes llegan a esta casa lo hacen, precisamente, porque no tienen ni hogar ni familia cerca.

Esa ausencia se hace especialmente visible en historias como la de Carmen Elena Busuioc, una mujer de 42 años proveniente de Rumanía que lleva más de cinco meses en la casa recuperándose de un cáncer de mama. A pesar de vivir desde hace quince años en España, la enfermedad la dejó completamente desprotegida. “Me encontré sin hogar, sin comida, sin dinero, sin nada”, relata. Su experiencia pone de relieve una diferencia fundamental entre enfermar dentro o fuera de tu país, de tu casa: la red de apoyo. “Aquí no tengo a nadie… mi familia no está conmigo”, explica. Frente a quienes cuentan con un entorno que sostiene en los momentos más difíciles, muchas personas migrantes atraviesan la enfermedad desde la soledad. “Si naces aquí, alguna casa tienes, algún apoyo… para nosotros es mucho más difícil”, resume.

Aunque el sistema sanitario español garantiza la atención médica, la experiencia cotidiana demuestra que el acceso real a la salud no depende únicamente de ese derecho formal. “La atención médica está garantizada incluso para personas en situación administrativa irregular”, explica Juana Redondo. Sin embargo, la experiencia real muestra otra cara del sistema. Existen barreras menos visibles que condicionan profundamente los procesos de recuperación. El idioma es una de ellas. Tal y como señala Juana, los profesionales sanitarios explican diagnósticos y tratamientos, pero no siempre de una forma accesible para quienes no dominan la lengua. Esta dificultad, sumada al desconocimiento del funcionamiento del sistema —los tiempos de espera, los circuitos médicos, la importancia del seguimiento—, provoca que muchas personas no comprendan completamente su proceso de salud. Las consecuencias son notables: citas perdidas, tratamientos interrumpidos o medicación mal administrada. A esto se suma un factor determinante que rara vez se tiene en cuenta en la consulta: las condiciones de vida. Resulta difícil seguir una dieta, guardar reposo o cumplir con determinadas pautas médicas cuando no se dispone de un espacio estable donde hacerlo. Según el IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, un 15,9% de la población andaluza ha tenido que dejar de comprar medicamentos, seguir tratamientos o mantener dietas por motivos económicos. Entre la población extranjera no comunitaria, esta cifra asciende hasta el 22,2%.

La desigualdad se acentúa aún más en el acceso mismo al sistema sanitario: mientras que en el conjunto de Andalucía solo un 1,1% de la población carece de cobertura, el porcentaje se eleva hasta el 7,6% entre las personas extranjeras fuera de la Unión Europea. Datos que evidencian que, aunque el derecho exista, no siempre se traduce en una posibilidad real.

La situación se agrava especialmente cuando la enfermedad se cruza con la falta de vivienda. “Hay muchas personas enfermas que terminan en la calle”, advierte Juana. En ese contexto, la recuperación se vuelve prácticamente imposible. Sin un lugar donde descansar, sin acceso a una alimentación adecuada o sin medios para desplazarse a revisiones médicas, la enfermedad no solo persiste, sino que se intensifica. Es en ese punto donde la Casa Santa María de los Milagros cobra importancia, ofreciendo algo tan básico como imprescindible: un lugar donde estar, parar y curarse.

Pero el cuidado que se ofrece en la casa va más allá de lo material. En el día a día, el acompañamiento emocional juega un papel fundamental. Carmen María Serrano, voluntaria desde hace un año y medio, describe cómo su labor comienza mucho antes de lo que podría parecer. Llega antes de su turno para compartir la cena con las personas acogidas, conversar con ellas y escuchar sus historias. No se trata solo de estar presente, sino de generar un espacio de confianza y cercanía. “Muchas veces nos convertimos un poco en familia”, explica. En un entorno donde la red afectiva está ausente, ese acompañamiento cotidiano se convierte en un pilar esencial del proceso de recuperación.

La experiencia de Oumar Diabaté, de 43 años, originario de Mali y con más de una década en España y en situación administrativa regular, introduce otra dimensión clave en la relación entre salud y migración: la imposibilidad de detenerse. Tras sufrir un accidente de moto en su país, que le dejó la pierna gravemente dañada, regresó a España —donde llevaba desde 2010 trabajando en el sector agrícola — con la intención de retomar su vida. Intentó ponerle solución a su pierna en Bamako, pero la única solución que le dieron fue cortársela. Atemorizado, volvió con dolor a España para seguir su vida. Sin embargo, el dolor y la lesión se lo impidieron. Aun así, su primera reacción fue intentar trabajar. “Si no trabajas, ¿cómo comes?”, plantea, dejando al descubierto una lógica marcada por la supervivencia. Durante más de un año y ocho meses esperó una operación, desplazándose constantemente entre Lepe y Huelva, mientras vivía en condiciones precarias, durmiendo en el salón de un compañero. “Sufrí muchísimo”, recuerda.

Su llegada a la Casa de los Milagros supuso un punto muy importante para su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, encontró estabilidad. “Aquí no me faltaba nada: comida, vivienda y personas que me apoyaban”, explica. Además, el acompañamiento facilitó el seguimiento de su tratamiento médico, algo que hasta entonces había sido difícil de sostener. Sin embargo, incluso en ese entorno protegido, la presión por trabajar no desaparece. Oumar tiene tres hijos y una mujer en Mali, y su tranquilidad depende, en gran medida, de los ingresos que él pueda enviar. “Si tienes familia, tienes una presión muy fuerte para no parar de trabajar”, afirma. Esta urgencia atraviesa la experiencia de muchas personas migrantes, que se ven obligadas a priorizar el trabajo incluso en situaciones de enfermedad, poniendo en riesgo su propia recuperación.

Junto a estas dificultades materiales, la enfermedad también tiene un impacto emocional profundo. La distancia con la familia, la preocupación constante y la imposibilidad de acompañar a los seres queridos generan un desgaste difícil de gestionar. Según explica Juana, esta carga se vive de manera especialmente intensa en el caso de las mujeres, que a menudo asumen el peso emocional del cuidado incluso desde la distancia.

En este contexto, el acceso a la salud de las personas migrantes ha vuelto al centro del debate político en España. En los últimos días, el partido de ultraderecha Vox ha impulsado propuestas para restringir la atención sanitaria a personas en situación administrativa irregular, planteando limitar su acceso a determinados servicios. Estas posiciones han arrastrado al Partido Popular a reabrir un debate que parecía superado desde la recuperación del modelo de sanidad universal. Frente a ello, organizaciones sociales y profesionales del ámbito sanitario advierten de que limitar el acceso no solo supone una vulneración del derecho a la salud, sino que también tiene consecuencias en términos de salud pública y cohesión social, al dejar fuera del sistema a personas que igualmente enferman, necesitan cuidados y forman parte de la sociedad.

La Casa Santa María de los Milagros se presenta así como un ejemplo concreto de lo que implica abordar la salud desde una perspectiva integral. Sin embargo, su existencia también pone de manifiesto una carencia estructural: la falta de recursos específicos para personas enfermas sin hogar. A pesar de su trayectoria, el proyecto no encaja fácilmente en las categorías de financiación pública, lo que evidencia una desconexión entre las necesidades reales y las respuestas institucionales.

Las historias que atraviesan esta casa recuerdan que el derecho a la salud no se garantiza únicamente con atención médica. Requiere condiciones materiales, acompañamiento y estabilidad. En un contexto marcado por la movilidad humana – también en Huelva, donde miles de personas migrantes forman parte del día a día, sostienen sectores clave y construyen, junto al resto de la ciudadanía, el relato común de nuestros pueblos y barrios–, repensar la salud desde esta perspectiva se vuelve una cuestión acuciante. Porque, como muestran estas experiencias, sanar no es solo curar, sino hacerlo en un lugar donde la dignidad se proteja. 

Hoy quiero hablar de mi proyecto —sí, mi proyecto, porque así lo vivo—: un proyecto de acompañamiento a personas mayores que viven solas. Un proyecto lleno de ilusión, empatía, abrazos, cariño y, sobre todo, mucho esfuerzo. Un proyecto donde la palabra que lo sostiene todo es Acompañar.

Actualmente el proyecto se desarrolla en dos zonas rurales de la provincia de Huelva, Sierra de Aracena y Picos de Aroche y la Comarca del Ándevalo, atendiendo a 21 pueblos y aldeas.

La vida de las personas mayores en estas zonas tiene condicionantes específicos que las convierten en especialmente vulnerables y limitan el derecho y acceso a los recursos. Cosas tan sencillas como sacar dinero en un cajero automático para ellos se convierte en una ardua labor; visitar al trabajador social para gestionar algún recurso…sólo acudirá quincenalmente una hora de los miércoles; coger el bus para realizar alguna gestión, ir al dentista…será misión imposible ya que no hay línea de bus.

Nuestro proyecto presenta un modelo integral de atención a la soledad y a las múltiples vulnerabilidades que sufren las personas mayores en este entorno deficitario a través de diferentes acciones como detección, prevención, acompañamiento, sensibilización, trabajo en red, intervención, actividades grupales y evaluación.

Y trabajamos desde una visión global de la realidad de nuestros mayores: higiene, salud física y mental, vivienda, economía, afectividad, relaciones sociales… desde un modelo de acompañamiento que establece una relación próxima, de cercanía y de confianza con ellas creando así una familia, en ocasiones, la única que cada martes entrará por su puerta, escuchará atentamente y cogerá su mano con fuerza mientras María cuenta la historia de su vida.  Y se le ayudará cuando la situación sociosanitaria de María haya cambiado, para solicitar la revisión de su grado de dependencia. También cuando, a pesar de haber pasado su vida trabajando y cuidando de los demás y ser grandes gestoras y economistas, se presentan gastos imprevistos imposibles de solventar, recibirán apoyo económico para que no tengan que pasar apuros. 

La soledad no deseada puede tener consecuencias devastadoras en la salud de las personas mayores que la padecen como deterioro cognitivo, ansiedad, depresión, sufrimiento, muerte prematura, limita el derecho a la participación… Los beneficios para las personas acompañadas se dejan notar en la mejora de la salud física, mental y emocional a través de actividades grupales, donde María entrenará su memoria tan importante en estas edades, dónde participará con otras personas de su edad en encuentros, convivencias, actividades de ocio, y preparará el bizcocho emocionada para más tarde compartir con todos, y pintará sus labios para que veamos la gran belleza que aún conserva. En estos espacios las personas generan y refuerzan vínculos sociales, amistades que devuelven ganas de vivir, seguridad, apoyo, afecto, y María se sentirá querida, cuidada porque si no viene recibirá una llamada, un cómo estás, alguien que se preocupa por ella, y una visita en su casa, dónde María cada martes nos esperará con sus mejores galas y un buen café preparado.

El abordaje de la soledad no deseada requiere de respuestas desde lo comunitario y colectivo, de acciones de sensibilización para mostrar esta realidad al mundo, y trabajar juntos, unidos para que nuestros mayores que tanto hicieron por nosotros puedan envejecer con dignidad, sin imposiciones, con opciones de elegir, para crear espacios seguros y participativos, dónde María se sienta querida, necesaria, feliz, con sentido de pertenencia y alegría, la que había desaparecido. De esta manera podemos ir caminando hacia la transformación de nuestros pueblos y aldeas en comunidades más humanas y solidarias, porque solo la comunidad es capaz de curar lo que la soledad enferma.

Nuestro agradecimiento a la Fundación La Caixa y a todas las entidades que colaboran con el proyecto, por su colaboración que nos permite seguir trabajando para que en un futuro todos nuestros mayores se sientan María.              

Texto escrito por Inma Ruiz, técnica del proyecto.  ‘

• Más de 60.000 personas en la provincia onubense se ven abocadas a una situación de pobreza una vez pagados los gastos derivados de la vivienda y más de 50.000 viven en hogares donde el sustentador principal se encuentra en una situación de inestabilidad laboral grave
• En la provincia de Huelva, unas 85.000 personas viven en hogares que han tenido que dejar de comprar medicinas o abandonar tratamientos o dietas por falta de recursos.

La vivienda y el empleo se consolidan como los principales motores de la exclusión social en Huelva. Así se desprende del Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Andalucía, presentado esta mañana en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva, que advierte de la cronificación de la desigualdad y de un proceso profundo de fragmentación social en la comunidad andaluza: el 23% de la población -casi dos millones de personas- vive en exclusión social y el 10% lo hace en exclusión severa.

La presentación ha contado con la intervención de María Macías, directora de Cáritas Diocesana de Huelva y Daniel Rodríguez de Blas, miembro del equipo de estudios FOESSA y coordinador del informe de Andalucía.

La fractura social se consolida 

El análisis presentado por Daniel Rodríguez de Blas sitúa a Andalucía ante un proceso profundo y persistente de fragmentación social, fruto de más de dos décadas de crisis encadenadas  —económica, sanitaria, inflacionaria y habitacional— cuyas fases de recuperación no han logrado cerrar las brechas abiertas. “No estamos ante una situación coyuntural, sino ante dinámicas estructurales que se consolidan”, ha explicado. 

Según el informe, en 2024 la exclusión social afecta al 23,1% de la población andaluza, es decir, que casi dos millones de personas en Andalucía tienen dificultades para participar con normalidad en la vida social. Una proporción claramente superior a la media estatal (19,3%) que procede de una “mayor exposición histórica a la desigualdad, la precariedad laboral y la fragilidad de los mecanismos de la protección social”.

El 10,2% de la población andaluza, en exclusión severa 

Especialmente preocupante es el peso de la exclusión severa, que alcanza ya al 10,2% de la población y que no deja de crecer desde 2018. Al mismo tiempo, se constata un retroceso de la integración plena: solo cuatro de cada diez personas no presentan hoy ningún indicador de exclusión social en Andalucía.

“No fallan las personas, falla el sistema”. Frente a discursos que explican la pobreza y la exclusión desde la pasividad individual, los datos muestran que la mayoría de los hogares en exclusión no permanece al margen. Trabajan, buscan empleo, se forman, activan redes de apoyo familiar e intentan salir adelante. “Sin embargo, ese esfuerzo choca con barreras estructurales: recursos insuficientes, respuestas fragmentadas y apoyos que no se ajustan a las trayectorias reales. Cuando el sistema exige activación sin ofrecer protección suficiente, la exclusión no se corrige: se cronifica”.

Vivienda y empleo, principales motores de la exclusión 

El Informe FOESSA identifica la vivienda como el principal eje de la exclusión social en Andalucía y afecta a casi una de cada cuatro personas.  

Desde 2018, el precio de compra de la vivienda ha aumentado un 65%, muy por encima de la evolución de los salarios, lo que ha generado un sobreesfuerzo residencial que empuja a más de 400.000 hogares andaluces a vivir por debajo del umbral de la pobreza severa después de pagar los gastos de vivienda y suministros.  

El informe advierte además de que, aunque solo el 15% de la población vive de alquiler, este grupo concentra una vulnerabilidad muy elevada: el 43% de las personas inquilinas se encuentra en riesgo de pobreza. A ello se suman situaciones cada vez más extendidas de inseguridad residencial, que afectan a medio millón de personas, y viviendas inadecuadas con problemas de hacinamiento o insalubridad, en las que residen más de 1,2 millones de andaluces. “Mientras la vivienda no pase a ser un pilar real del Estado del Bienestar, la mejora económica seguirá sin traducirse en integración social”, ha advertido Daniel Rodríguez. 

Junto a la vivienda, el empleo es el segundo gran eje de la exclusión social. La mejora significativa en los indicadores de ocupación no se ha traducido en una mejora de las condiciones de vida. Se trabaja más, pero trabajar ya no garantiza salir de la cuerda floja. El contexto actual de creciente inflación y fuerte encarecimiento de la vivienda en el que nos encontramos ha reducido de forma drástica la capacidad protectora del empleo. Los salarios han subido, pero no de manera proporcional, debilitando aún más la capacidad de los ingresos laborales para sostener proyectos de vida dignos. 

En Andalucía, el salario medio es 7,6 puntos inferior a la media estatal y más de uno de cada diez hogares tiene como sustentador principal a una persona en situación de inestabilidad laboral grave. El empleo sigue siendo importante, pero no basta. “Reduce el riesgo de exclusión, pero ya no lo elimina y para demasiadas personas se ha convertido en una experiencia frágil y vulnerable”, ha subrayado Rodríguez. 

Uno de cada cinco hogares sufre exclusión vinculada a la salud 

El informe andaluz sostiene que la exclusión en la dimensión de la salud aumentó de forma notable durante la crisis sanitaria y, lejos de revertirse, “se ha cronificado”, pasando a afectar a uno de cada cinco hogares. El principal factor es el económico, extendiéndose de manera preocupante. En la provincia de Huelva, unas 85.000 personas viven en hogares que han tenido que dejar de comprar medicinas o abandonar tratamientos o dietas por falta de recursos.

Esta realidad en el ámbito de la salud está erosionando la equidad en el acceso a la sanidad y empuja hacia un modelo de doble velocidad, donde la capacidad de pago marca cada vez más la diferencia. Además, el impacto es “especialmente grave” en la salud mental y se concentra en las situaciones de exclusión más severa. “Cuando enfermar implica empobrecerse y cuidarse depende de los ingresos, el derecho a la salud pierde contenido y la exclusión se vuelve más profunda y persistente”.

Los rostros de la exclusión social en Andalucía 

La exclusión social en Andalucía tiene “rostros claros y repetidos”. Así, afecta a casi la mitad de las personas con nacionalidad extranjera (48%), más del doble de quienes tienen nacionalidad española (20%). La exclusión no solo es económica, también es cívica y democrática: más de 580.000 personas viven en Andalucía en hogares sin derecho a votar ni a ser elegidas.  

 El segundo rostro es el de la infancia y la juventud. “Casi tres de cada diez menores viven en situación de exclusión (29%). La juventud andaluza afronta un proceso de emancipación marcado por la inestabilidad laboral y un acceso a la vivienda cada vez más restringido. Se trata de una transición bloqueada que convierte la juventud en una etapa prolongada de vulnerabilidad social”, ha apuntado.

 Finalmente, la exclusión afecta con mayor intensidad a quienes viven en hogares encabezados por mujeres. “A la brecha de ingresos se suman la precariedad laboral, la carga de los cuidados y las dificultades de acceso a la vivienda”, ha enumerado. 

Hacia un nuevo pacto social 

El informe FOESSA Andalucía constata un modelo social con signos evidentes de agotamiento que genera “desigualdad, precariedad y fragmentación social”. Se afirma que “la exclusión social es la expresión de grietas profundas en nuestro modelo de desarrollo” y se denuncia, además, que se trata de un modelo “ecológicamente insostenible”.

Frente a un relato profundamente individualista, el informe plantea un cambio de rumbo sustentado en tres pilares fundamentales: una sociedad civil activa, capaz de tejer vínculos, sostener a quienes quedan al margen y exigir respuestas colectivas; instituciones públicas fuertes que impulsen políticas coherentes en vivienda, empleo, migración, protección social y fiscalidad para que nadie quede atrás y el cuidado sea el centro del pacto social; y una clase política valiente, capaz de mirar más allá del corto plazo electoralista y de construir consensos amplios a la altura de los desafíos que enfrentamos.

Sobre la Fundación FOESSA 

La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada) fue creada por Cáritas Española en 1965 con el objetivo de servir a la sociedad a través de la realización de estudios de investigación sobre la realidad social, cultural y económica de España.

A lo largo de estas seis décadas se han presentado nueve macrodiagnósticos. Este es el cuarto estudio andaluz y forma parte de 22 informes territoriales que se desprenden del IX Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España, presentado el pasado 5 de noviembre. Los resultados de esta investigación se basan en la sexta Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales (EINSFOESSA), realizada en el primer semestre de 2024 a 12.289 hogares en todo el país, 596 en Andalucía.