El VIII INFORME FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España que se ha presentado hoy en Madrid es, en palabras de Guillermo Fernández, coordinador de la investigación, “un relato del momento de incertidumbre en el que nos encontramos y una mirada a nuestra cohesión social para analizar cómo vivimos y reaccionamos ante la gran recesión, cómo estamos enfocando la salida y cuáles son las consecuencias de la crisis en la poscrisis”.
Los resultados del Informe confirman –como señala Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (FOESSA)— “una situación que aunque mejora claramente respecto al 2013, que no alcanza los estándares de 2007 y que, si bien nos sitúa en una época nueva, sigue anclado en un modelo de desarrollo económico, social y antropológico caracterizado por una debilidad distributiva, por sus dificultades para no dejar a nadie atrás y con serias dificultades para afrontar y mejorar la vida de aquellos que viven la precariedad, de las personas excluidas, de los expulsados que no consiguen salir del pozo de la exclusión”.
Este VIII Informe ha sido puesto a punto un equipo de investigación formado por 125 investigadores de 30 universidades y 13 organizaciones de acción e investigación. El trabajo de campo se ha desarrollado con el apoyo de más de 350 encuestadores profesionales, que han llamado a más de 139.000 puertas de 17 Comunidades Autónomas, recogiendo la información de 29.000 personas de 11.600 hogares, donde se han sentado durante más de una hora para conocer a fondo su situación.
¿Qué está sucediendo en nuestro país?
La primera constatación que recoge el VIII Informe FOESSA es que la exclusión social se enquista en la estructura social de nuestro país.
Hoy en día, el número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones, el 18,4% de la población, lo que supone 1,2 de millones más que en 2007 (antes de la crisis). Son el rostro de la sociedad estancada, un nutrido grupo de personas para quienes “el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta”.
Dentro de este sector social, existe un grupo especialmente vulnerable que acumulan tantos problemas cotidianos que les impide tener un proyecto vital mínimamente estructurado: son 4,1 millones de personas en situación de exclusión social severa. Son los ciudadanos sobre los que se ceba la desigualdad y la precariedad en sus diferentes formas: vivienda insegura e inadecuada, desempleo persistente, precariedad laboral extrema e invisibilidad para los partidos políticos.
Dentro de este grupo en exclusión social severa existe un grupo de expulsados, que suman 1,8 millones de personas (600.000 en 2007), que acumulan tal cantidad de dificultades y de tal gravedad que exigirían de una intervención urgente, profunda e intensa en recursos para garantizarles su acceso a una vida mínimamente digna.
La investigación trae, sin embargo, una buena noticia, que está protagonizada por esa sociedad integrada que representan aquellas personas que no tienen dificultades para su supervivencia, que llevan una vida digna en términos materiales y que se ha recuperado a los mismos niveles de antes de la Gran Recesión. Son el 48,4% de la población.
Se detecta, sin embargo, una novedad. Dentro de esta sociedad integrada se está produciendo una reconfiguración en dos grandes sectores: un primer grupo, que es el mayoritario, denominado la sociedad de las oportunidades, que integra a dos tercios de la población de España; y un segundo grupo, que conforma lo que hemos llamado la sociedad insegura y en la que estarían unos 6 millones de personas.
Este grupo de la sociedad insegura se mueve en el filo de la navaja. Está en la antesala de la exclusión. E intuye que ante una eventual acudida, en una nueva crisis, su sostén económico se quebrará. Le indigna que la sociedad segura se desentienda del resto y coja más impulso hasta desconectarse. Son los que votan salir, los que quieren sentir que aún tienen el poder de interrumpir la dinámica de la sociedad de los seguros y de impedir la entrada de foráneos.
Los que se encuentran en la sociedad de las oportunidades, en cambio, están en una situación acomodada, creen tener la razón en sus ideas y en sus prácticas cotidianas. Consumen en exceso, apenas sin conciencia y tienen capacidad para que se pongan sus necesidades en la agenda política. Muestran cierta fatiga de la solidaridad. En realidad, los acomodados no practican la empatía, pues suelen echar en cara, a los excluidos, su desafección y su responsabilidad por estar en esa situación y, a los inseguros, que manifiesten su malestar de forma airada.
Tres bloques de riesgos sociales
En el VIII Informe FOESSA se identifican tres bloques principales de riesgos sociales, que afectan con más fuerza a la sociedad insegura y a la sociedad estancada.
1. La pérdida de calidad de nuestra democracia.
Estamos arriesgándonos a que se vacíe de contenido ético y redistributivo, y se reduzca a un mero expediente político donde se enfatizan las formas y se guardan las apariencias. Estamos sustituyendo los vínculos por las conexiones. Las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales: se registran tasas de hasta el 75% de abstención en los barrios más desfavorecidos, que constituyen un precariado político que no participa en los canales tradicionales de representación.
Esto provoca que su voz desaparezca de los procesos electorales. Si las personas excluidas no votan, no entrarán en la agenda política, y si a la agenda política no le interesa fomentar su voto, esto ahondará más en su situación de exclusión social.
2. La desigualdad en sus diferentes dimensiones.
En primer lugar, la vivienda es un motor elemental de la desigualdad y un factor clave en las dinámicas de exclusión social. El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias, que sufren la inseguridad y la inadecuación de su hogar, y tiene una influencia notable sobre los recursos económicos, sobre el estado de salud y sobre los proyectos vitales de los más jóvenes.
– En los últimos dos años el alquiler ha subido un 30%.
– Dos millones de personas viven con la incertidumbre de quedarse sin vivienda.
– El 11% de la población vive bajo el umbral de la pobreza severa, una vez descontados los gastos o deudas relacionadas con el pago de la vivienda y los suministros de la misma.
En segundo lugar, el desempleo. A pesar de su reducción progresiva, es una realidad persistente y ahora menos protegida, lo que, junto con la precariedad, manifestada en temporalidad, parcialidad e itinerarios cíclicos que alternan períodos cortos de empleo con otros de desempleo, generan trabajadores pobres y excluidos, y limitan las posibilidades de integración de muchos colectivos.
La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final reside en la consideración del empleo como un privilegio y no como un derecho. Es, además, un privilegio con respecto a los demás. La precariedad laboral se ha convertido ya en una forma de vida de forma estructural en nuestra sociedad.
– El 14% de las personas que trabajan están en exclusión social.
– Uno de cada tres contratos temporales dura menos de siete días.
– El 15,1% de los hogares sufre inestabilidad laboral grave (son hogares en los que la persona principal ha pasado por 6 o más contratos, o por 3 o más empresas, o ha estado 3 o más meses en desempleo durante el último año).
– Aunque se ha conseguido reducir la exclusión por el empleo en un 42%, sin embargo 1 de cada 4 personas activas del conjunto de la población se encuentran en situación de exclusión del empleo. Si miramos solamente a las personas en exclusión social, serían 1 de cada 2.
– El 20% de las personas en hogares con al menos una persona desempleada no ha realizado ninguna formación ocupacional en el último año.
Una característica que nos diferencia de otros países de nuestro entorno y de un tamaño y desarrollo similar es que en la exclusión social en España va de la mano la mezcla de baja calidad en el empleo y costes elevados de la vivienda. El 37% de los excluidos del empleo lo están también en la vivienda.
En tercer lugar, las familias con niños y la juventud están más expuestos a la exclusión social.
– El 33% de las familias numerosas y el 28% de las familias monoparentales se encuentran en exclusión social.
– El 21% de todos los hogares con menores se encuentran en exclusión social.
– La Encuesta FOESSA constata que cuando uno nace y se cría en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de instalarse en el pantano de la vulnerabilidad. Los que se criaron entre dificultades duplican a los que no crecieron entre penurias: esta es la marca de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y esa marca no para de crecer.
En cuarto lugar, las desventajas de las mujeres para vivir de forma integrada afectan a todas las dimensiones de la exclusión social. Destaca la brecha de ingresos en el empleo y en las prestaciones, su mayor riesgo de empobrecimiento, su acceso más precario a la vivienda, las diferencias en el estado de salud y la mayor exposición a situaciones de aislamiento social.
– Una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Si esa mujer es inmigrante, 2 horas más.
– Cuando una mujer es la sustentadora principal del hogar tiene más problemas económicos para acudir a ciertos servicios médicos (odontología, tratamiento psicológico, podología).
– Los hogares sustentados por mujeres tienen que reducir con más intensidad los gastos de suministros de la casa y los gastos en comunicaciones. Y tienen más retrasos en los pagos de recibos o en los pagos de alquiler de la vivienda.
– Soportan, además, mayor volumen de amenazas de pérdida de vivienda, mayores cambios de residencia, mayores estrategias de tener que compartir casa con gente que no conocen, o tener que alquilar una habitación a otros, o mayores retornos a la casa paterna.
Por último, están los riesgos frente a la salud.
– La exclusión social y no la pobreza monetaria tiende a duplicarse en las personas con discapacidad. El 30% de ellas se encuentran en situación de exclusión social y un 16% en exclusión social severa, el doble que las personas sin discapacidad.
– El 8,8% de la población ha dejado de comprar medicinas, seguir tratamientos o dietas por problemas económicos.
– El 15% de la población no puede acceder a un tratamiento bucodental porque no se lo puede permitir.
3. Los riesgos sociales derivados de los fenómenos demográficos
Estos fenómenos, que se producen en el largo plazo y que no han sido abordados de forma adecuada en nuestros sistemas de protección social, originan un incremento progresivo de la necesidad de cuidados. En España, a fecha de hoy, la familia, y especialmente las mujeres, es el eje del que se sostienen los cuidados y la sostenibilidad de la vida.
El aumento de la esperanza de vida y de la longevidad, los cambios en las pautas reproductivas y las modificaciones en las estructuras de los hogares y en la organización de las familias han conllevado cambios significativos en el modelo de sociedad.
– 1 de cada 3 hogares necesita cuidados bien por crianza, por edad avanzada, por dependencia o por enfermedad.
– En el caso de edad avanzada, enfermedad crónica o discapacidad, el 27% de los cuidadores principales son hombres de la familia, el 64% son mujeres de la familia, el 7,8 son personas remuneradas o contratadas y el 1,2 es la Administración.
– El familismo está encontrando nuevas formas de expresión a través de la mercantilización de los cuidados. Si esta es la respuesta a los cuidados, aquellos que no se los puedan pagar caerán en la exclusión social.
Cambios en la distribución territorial de la exclusión
Sobre el impacto geográfico de los riesgos sociales señalados, quizá uno de los datos más relevantes que presenta el VIII Informe FOESSA sea el de la distribución territorial de la exclusión social en España.
Si tradicionalmente España se ha explicado en términos de norte-sur, un norte rico y un sur pobre, esa fotografía sigue siendo cierta solo si pensamos en términos monetarios. Sin embargo la fotografía de la exclusión ofrece otra visión. Los datos de FOESSA permiten afirmar que se consolida el eje sur-mediterráneo en la exclusión social.
Este mapa demuestra los diferentes modelos de integración que coexisten en nuestro país, así como la fuerte diversidad territorial en lo que respecta a las distintas capacidades existentes en el territorio del Estado, tanto de desarrollo económico como social y de relaciones de ayuda mutua.
La evolución de las políticas sociales
El Informe analiza también los recortes que han sufrido los servicios públicos fundamentales en los últimos años (educación, sanidad, dependencia), que han afectado a la accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y adaptabilidad de los mismos a las situaciones de mayor precariedad.
Las desigualdades han ido en aumento en el caso de la sanidad, donde, por ejemplo, en 2019 no se ha recuperado todavía el nivel de gasto sanitario de los recortes iniciados hace diez años. Y, particularmente, en el sistema de dependencia. No obstante, la crisis ha sido también una oportunidad para acometer mejoras en coordinación y eficiencia.
Destaca el retroceso registrado en el impacto del efecto sustitución que se ha dado, por ejemplo, en la extensión del seguro privado de salud como compensación a las deficiencias del sector público sanitario: el número de personas con cobertura sanitaria privada aumenta del 13,3% en 2012 al 16,3% en 2017.
En el caso de la educación, cabe destacar también el aumento de la ratio de alumnado y la carga electiva para el profesorado o las dificultades para la obtención de una beca.
Asimismo, la rama de los servicios sociales ha sufrido la presión de una creciente demanda social con recursos menguantes, deficiencias críticas y amplias desigualdades territoriales en su oferta. Y las políticas de vivienda durante la crisis no han podido sentar las bases de un sistema residencial que garantice a las personas más necesitadas el acceso a una vivienda digna.
Las prestaciones familiares y por hijo a cargo han seguido, también, una evolución declinante que les ha incapacitado para hacer frente con eficacia al reto de la pobreza de los hogares con niños, En doce años, la cuantía por prestación por hijo cargo solo ha subido 5 céntimos mensuales (de 24,25 a 24,30 euros mensuales).
Finalmente, los esquemas de garantía de ingresos mínimos en España, con sus diversos subsistemas, han sufrido reformas permanentes o desarrollos con muy diferentes efectos en cobertura e intensidad protectora. Su característica definitoria es su limitada cobertura y su baja intensidad protectora, que reduce su capacidad para paliar la pobreza relativa, aunque sí la severa.
¿Cómo estamos reaccionando los ciudadanos?
El VIII Informe FOESSA indica que la ciudadanía sigue apoyando el Estado de bienestar como mecanismo de protección social. Más que antes, se pide al Estado que intervenga para conseguir una sociedad más igualitaria, para garantizar el derecho a la salud o a la educación y para protegernos de la pérdida de ingresos derivada de situaciones de vejez, enfermedad o desempleo. Los ciudadanos no consideran creíble el discurso sobre el «excesivo» gasto social.
Junto a ello, sin embargo, vivimos un cuestionamiento del sistema fiscal, tanto desde el ámbito político como ciudadano, y cierta fatiga de la compasión en nuestra sociedad. Disminuye la disposición a pagar los impuestos necesarios para financiar las políticas de bienestar y la sociedad española siente desconfianza ante el sistema fiscal y la clase política encargada de gestionarlo.
Esta fatiga de la compasión está generando perfiles críticos con las ayudas sociales. Más del 50% de la población expresa que ahora ayudaría menos que hace diez años, aunque seguimos siendo uno de los países donde existe un grupo mayoritario de ciudadanos que piensa que las ayudas sociales no vuelven perezosas a las personas.
Aunque las personas más afectadas por la crisis y que menos se han recuperado en la salida de la misma son las que están en las capas más humildes de la sociedad y quienes necesitarían más esas ayudas, el sentimiento de las clases medias es el de grandes perdedoras, lo que provoca que miren hacia el futuro con gran incertidumbre y pesimismo.
Muchas personas están instaladas en el miedo ante una sociedad del descenso y de pérdida de estatus, que es estimulado desde algunas instancias políticas y mediáticas en un irresponsable juego que genera tensiones y problemas allí donde no los había, como es, por ejemplo, el de la xenofobia. Dos datos:
– Las personas inmigrantes aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y sin embargo, el 50% de la población española piensa que reciben más de lo que tributan.
– En el espacio de la exclusión social, el 80% de las personas son españolas, sólo el 20% son inmigrantes.
– Solo aproximadamente el 4% de la población piensa que la inmigración es el primer problema de este país. España es uno de los países donde en menor medida se expresan opiniones abiertamente xenófobas y se producen menos fenómenos de rechazo.
Revertir la sociedad desvinculada
Para poder enfrentarnos al futuro, perder el miedo y fortalecer los mecanismos de inclusión de la ciudadanía en nuestra sociedad, los autores del Informe plantean un conjunto de grandes conversaciones cívicas que adecuen definitivamente nuestra forma de convivencia ante este proceso de mutación social que en el Informe se denomina la sociedad desvinculada.
Destacan tres retos.
1. Crear un nuevo escenario con responsabilidades compartidas, de dialogar en torno a la creación de un sector público compuesto por el espacio de trabajo conjunto de las Administraciones públicas, las entidades no lucrativas y las empresas sociales, con las iniciativas ciudadanas y profesionales.
2. Reflexionar sobre si queremos garantizar el acceso a la supervivencia de las personas a través de mecanismos de prestaciones y rentas condicionadas o mediante fórmulas de rentas garantizadas. Es decir, responder al reto de cuánta es la carga que queremos poner sobre los hombros de los pobres para poder ayudarles. Y respondernos, incluso, si a veces ser pobre es un delito.
3. Conseguir que las personas, inmersas en un mundo que promueve el individualismo, accedan a convertirse en una comunidad para facilitar el acceso de terceros. La pregunta está en cómo hacer que la ciudadanía colabore, lo que no se consigue ni a golpe de decreto ni por presión.
Las organizaciones cívicas y solidarias se mueven en un terreno de falta de recursos y de un cierto descenso de confianza. La diferenciación entre quienes merecen o no ayuda pública o protección social se está convirtiendo en un elemento clave para el soporte de estas entidades.
En el VIII Informe FOESSA se apunta que es imprescindible un liderazgo social, que, aunque a pequeña escala, puede generar movilización ciudadana y aportar proyectos que pueden ser replicados o repensados en otros lugares. Se trata de una construcción de abajo a arriba, que pueda revertir la senda de desconfianza y aislamiento que las estructuras están promoviendo.
Como se ha señalado en la rueda de prensa, “hoy, que se están negociando los pactos que determinarán quién dirigirá el Gobierno, las CC.AA o los Ayuntamientos, tenemos que preguntarnos si queremos afrontar cómo recuperamos para la sociedad a ese 1,8 millones de personas expulsadas, cómo podemos llegar a un acuerdo para evitar la exclusión social grave de 4,1 millones de personas, cuál es nuestra voluntad de construir sociedad o de seguir permitiendo que cada cual, en función de dónde ha nacido, la familia que ha tenido o el patrimonio heredado, resuelva cómo estar integrado”.
En palabras de Guillermo Fernández, “el reto está en saber —y poder— construir consensos, y la herramienta que parece clave en estos momentos es la construcción de un tejido social capaz de pensar en común los diversos aspectos para que nuestra vida sea realmente social”.
“Vivimos en una sociedad desvinculada, en la que cada vez es más difícil hacernos cargo de los que se quedan atrás y, por ello, necesitamos re-vincularnos, un objetivo en el que la construcción de comunidad tendrá un papel esencial. Esta es la tesis que defiende el conjunto de este proyecto del VIII Informe FOESSA”, añadió.
Cierre de ciclo
El VIII Informe FOESSA supone el cierre de un ciclo de análisis que se iniciaba en los momentos previos a la crisis económica. Como explica Raúl Flores, supone el capítulo final de una trilogía dedicada a tres momentos esenciales en nuestra historia reciente.
– 2007-2008 El momento de máximo crecimiento económico previo a la crisis, analizado en el VI Informe FOESSA.
– 2013-2014 El momento de máxima exposición de la población a los efectos de la crisis económica, analizado en el VII Informe FOESSA
– 2018-2019 El momento posterior a una recuperación económica constante de 4 años, que analizamos en este VIII Informe FOESSA.
La Fundación FOESSA se constituyó en 1965, con el impulso de Cáritas Española, ante la necesidad de conocer, la situación social de España de forma objetiva y persistente como alternativa y complemento a las iniciadas políticas de desarrollo creadas en nuestro país en esos momentos.
Desde su origen, tal y como subrayó en la presentación Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas y directora ejecutiva de la Fundación, los Informes FOESSA (1967, 1970, 1975, 1980-83, 1994, 2008 y 2014) “han marcado hitos en el conocimiento de la situación social de España a través del análisis de los procesos en que se manifiesta la evolución social, así como las estructuras y tendencias que se corresponden con esos procesos”.
“La vocación permanente de servicio de la Fundación –añadió— al conocimiento de la realidad social de nuestro país es un compromiso impulsado por Cáritas, desde el convencimiento de que no es posible actuar en la realidad social de la pobreza y la exclusión si no contamos previamente con un conocimiento profundo y exhaustivo de la misma que nos permita afinar las respuestas y acompañar de manera eficaz a los destinatarios de nuestra acción”.
Para la secretaria general de Cáritas, “nuestro mayor interés es lograr que esta tarea investigadora de FOESSA se realice desde la mirada de las personas perdedoras, de todos esos descartados a los que se refiere el papa Francisco y a los que la Confederación Cáritas sitúa siempre en el centro de sus actuaciones”.
ANEXO explicativo
Exclusión social es la pérdida de integración y de participación del individuo en la sociedad. Es la falta de participación en la vida social, económica y cultural de sus respectivas sociedades debido a la carencia de derechos, recursos y capacidades básicas que hacen imposible una participación social plena.
Es imposible medir la exclusión social con una simple tasa de pobreza ni tampoco con la denominada tasa AROPE, que mira 3 indicadores (pobreza, privación material y baja intensidad laboral). Sin cuestionar su utilidad, estos medidores no son suficientes para los objetivos marcados en la investigación.
Por esa razón, FOESSA utiliza 35 indicadores que miden la participación en el empleo, en la capacidad de renta y en el acceso a derechos básicos (como la vivienda, la salud, la educación o la participación política), así como la ausencia de lazos sociales (soledad) y las relaciones sociales conflictivas.
Cada uno de los 35 indicadores identifica situaciones de exclusión social, la mayoría de los cuales tienen un carácter extremo que afecta a proporciones pequeñas de hogares. La cantidad de indicadores afectados y el peso que tiene cada uno de ellos genera una suma de puntos de exclusión social que permite dividir a la sociedad en 4 espacios: el de la integración plena, la integración precaria, la exclusión moderada y la exclusión severa.
