La emergencia generada por el impacto en España del coronavirus está empujando a unas condiciones socio-sanitarias extremas a unas 12.000 personas que viven en unas condiciones ya de por sí muy precarias en los asentamientos e infraviviendas de Huelva, Almería y Tenerife.
Las Cáritas Diocesanas de estas tres provincias vienen alertando desde la declaración del estado de alarma de esta grave situación de desamparo, que afecta a un número importante de personas que ya de forma habitual viven en situaciones de exclusión residencial y que ahora ven cómo las medidas de confinamiento les limitan aún más su acceso a los derechos humanos.
Imposibilidad de garantizar el confinamiento
Las Cáritas de Huelva, Almería y Tenerife, que desde hace años están dando respuesta a las necesidades de estas personas y familias, vienen alertando en las dos últimas semanas de la imposibilidad material de cumplir con lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, en cuanto a la adopción de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
“¿Cómo pueden hacerlo si donde habitan no pueden tener acceso al mínimo vital necesario para vivir con dignidad, con acceso mínimo al agua, la alimentación o a la salud, y malviven en barrancos, cuevas, playas, asentamientos rurales y urbanos, o casas abandonadas?”, se pregunta uno de los responsables de esas Cáritas. “Para ellos es una quimera la consigna del `quédate en casa´”, añaden.
Esta emergencia sanitaria se superpone a una situación extrema previa a la crisis, caracterizada por una falta de recursos de primera acogida, carencia total de alojamiento alternativo e imposibilidad de acceso a derechos humanos básicos (salud e higiene, agua potable o alojamiento digno), como detalló en su informe Philip Alston, relator especial de la ONU para la Pobreza Extrema, tras su visita a los asentamientos en febrero pasado.
En este sentido, es importante subrayar la recomendación recogida hace pocos días por la Relatoría Especial de Naciones Unidas para una Vivienda Adecuada de “la vivienda como primera medida de contención del COVID-19”, junto a la manifestada también por la Relatoría Especial de Naciones Unidas de los derechos al Agua y Saneamiento el pasado lunes 23 de marzo, donde señala que “no se podrá parar el COVID-19 sin proporcionar agua a las personas en situación de vulnerabilidad”.
Datos sobre las zonas afectadas
En Tenerife, Cáritas indica que actualmente hay alrededor de 1.000 personas repartidas en varios municipios que viven en quebradas, barrancos, casas abandonadas o cuevas.
Cáritas Huelva informa que unas 2.500 personas permanecen en varios asentamientos urbanos y rurales repartidos por distintas localidades de la provincia.
En Almería, Cáritas Diocesana señala que alrededor de 8.000 viven en cortijos abandonados, asentamientos construidos con chabolas de plástico y madera, antiguas balsas y construcciones abandonadas.
Todas estas personas se enfrentan actualmente a estas carencias, que han sido documentadas por las Cáritas locales:
– No están teniendo acceso a agua potable y saneamiento, o, si lo tienen, mediante el suministro a través de camiones cisterna y puntos de agua, las personas afectadas tienen que salir fuera de los asentamientos, además de carecer de recipientes adecuados para su traslado y conservación. En muchos casos, tampoco hay acceso a agua no potable para saneamiento.
– Carecen de acceso a medidas sanitarias de prevención y contención del COVID-19, excepto a los kits de higiene facilitados por entidades sociales, como Cáritas.
– Tampoco disponen de kits de alimentación, según se establece en las medidas ordenadas por Ministerios de Defensa y de Derechos Sociales y Agenda 2030 respecto a personas en situación de sin hogar. El único suministro de comida son las bolsas que las entidades sociales les están proporcionando, aunque cada vez con mayores dificultades:
Propuestas
Cáritas está reclamando en los distintos niveles de coordinación y toma de decisiones, tanto local y autonómico como estatal, las medidas necesarias para garantizar en esos asentamientos la aplicación de uno de los ejes señalados en el Real Decreto del 17 de marzo: “Refuerzo del Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional con el aseguramiento de suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública, el abastecimiento alimentario, el suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural y ciertas medidas también en materia de transportes”.
Además, es urgente asegurar las medidas de confinamiento en los asentamientos rurales y urbanos e infraviviendas de las zonas donde residen las personas y familias afectadas, tal y como las Cáritas de Huelva, Almería y Tenerife vienen planteando a las distintas Subdelegaciones y Delegaciones de Gobierno, Ayuntamientos y servicios de Protección Civil, así como ante organismos de la Administración estatal.
Para ello, Cáritas pide la convocatoria inmediata de Mesas de Emergencia para facilitar medidas de confinamiento en asentamientos rurales y urbanos e infraviviendas ante la crisis del coronavirus, con la presencia de los tres niveles de Administración pública (local, autonómica y estatal) y las entidades sociales, con el objetivo de coordinarse en la aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas que se establezcan.
Entre estas medidas, es indispensable garantizar con la máxima urgencia:
– Abastecimiento permanente de agua potable, alimentos (comida caliente de forma cíclica y temporal) y medidas sanitarias de prevención del COVID-19 con la tutela y coordinación del Ministerio de Defensa, a través de unidades sanitarias especializadas.
– En su caso, y para poder hacer seguimiento de cuarentenas obligadas por la pandemia, utilización de espacios habilitados a tal efecto.
– Dada la especial situación de vulnerabilidad de las mujeres y menores, facilitar alojamientos adecuados a las que puedan ser trasladados.
#CadaGestoCuenta