Las más de 30 entidades sociales que integramos la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), entre las que se encuentra Cáritas Española, llevamos más de diez años trabajando para que el Estado español cuente con una ley integral que aborde todas las formas de trata y todos los tipos de explotación de seres humanos y que contribuya a la protección y garantía efectivas de los derechos de las víctimas.
El pasado año la RECTP participó activamente en el trámite de audiencia pública de este anteproyecto de ley haciendo llegar un extenso documento de propuestas nacidas de su experiencia de intervención y en línea con los estándares internacionales, y también se dirigió a los ministerios competentes para trasladarles sus preocupaciones y recomendaciones. Sin embargo, constatamos una preocupante falta de voluntad política por parte del Ejecutivo para cumplir con este compromiso y con sus obligaciones internacionales, ya que continúan acumulándose los retrasos y dilaciones en dicho proceso legislativo. De esta manera, se incrementa el riesgo de que la presente legislatura termine sin que la citada ley pueda ver la luz.
Coincidiendo con el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos (18 de octubre), desde la RECTP seguimos insistiendo en que la futura ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos debe abordar todas las formas de trata y todos los tipos de explotación, cumpliendo así con los estándares exigidos por los mecanismos internacionales; incorporar las perspectivas de derechos humanos, infancia, discapacidad, interseccionalidad y género y situar a las víctimas en el centro de las políticas públicas.
Es necesario recodar que diferentes instancias internacionales, en particular, el Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), el Examen Periódico universal (EPU) de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos, han recomendado recientemente al Estado español la adopción de una ley integral contra la trata y un mecanismo nacional de derivación y asistencia a las víctimas.
Trasponer la directiva
Nuestro país tiene la obligación de trasponer, al marco normativo interno, el contenido de la nueva Directiva Europea 2024/1712, aprobada en 2024, sobre la lucha contra la trata. Esta norma amplía las definiciones y medidas de protección ante todas las formas de explotación y obliga a los Estados miembros a adoptar leyes integrales y coordinadas.
Además, en el marco de la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) España tiene la oportunidad de garantizar mecanismos de detección, identificación y protección a todas las víctimas de trata y explotación.
Por otra parte, en el ámbito nacional, distintas políticas, como el Segundo Plan de Derechos Humanos (2023-2027), el Plan Operativo para la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución (Plan Camino, 2022-2026), la Estrategia Estatal contra Violencias Machistas (2022-2025), la Estrategia de Desarrollo Sostenible (2030) y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA), contemplan la voluntad del Gobierno de aprobar una ley orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos, en sintonía con las recomendaciones de mecanismos internacionales. Del mismo modo, la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia prevé la adopción de reformas legislativas alineadas con la LO 8/2021 que garanticen una aproximación integral a la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la trata de niñas, niños y adolescentes.
Según datos oficiales ofrecidos por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, en el año 2024 tan solo 1794 personas fueron identificadas formalmente como víctimas de trata y explotación en sus distintas finalidades. Cifra muy alejada de las más de 7697 víctimas potenciales, que de acuerdo con la misma fuente (CITCO) fueron detectadas en situación de riesgo por trata de seres humanos y explotación sexual en lugares de prostitución, sin tener en cuenta las personas detectadas en otros espacios. Estos datos no reflejan la dimensión real de la trata como grave violación de derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil exigimos al Gobierno que reafirme su voluntad política en esta materia y desbloquee cuanto antes este proceso legislativo, con la aprobación por parte del Consejo de Ministras/os del Anteproyecto de Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos en segunda vuelta. De igual forma, solicitamos al Congreso que tramite este proyecto de ley bajo el procedimiento de urgencia antes del final de la presente legislatura. De no hacerse, lamentablemente España continuará incumpliendo con su compromiso con los derechos de las víctimas de trata y explotación de seres humanos y también con sus obligaciones internacionales.
