La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española viene desde 2021 reclamando la aprobación de un procedimiento de regularización extraordinaria de personas extranjeras en España. Durante estos años, hemos liderado un diálogo político que permitiera la aprobación de la ILP regularización que cada vez es más urgente y necesaria.
Fundamento ético y social
En su mensaje con motivo de la 111ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa recuerda que “nadie debe ser excluido de la mesa común de la humanidad” y que la acogida y la inclusión de las personas migrantes son camino de paz y de bien común. Subraya, además, que, en un mundo oscurecido por guerras e injusticias, los migrantes y refugiados se erigen como mensajeros de esperanza. Y nos recuerda que “su presencia debe ser reconocida y apreciada como una verdadera bendición divina” para muestras comunidades.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana señalan también con motivo de esta Jornada que “los migrantes están revitalizando con su juventud, sus valores, su trabajo, sus vidas, sus familias, su fe, sus ideales, la realidad social y eclesial de nuestro país… Tengamos esa mirada abierta para percibir así su riqueza y aportación».
Desde esta convicción cristiana y humanista, denunciamos la exclusión generada por la irregularidad administrativa y exigimos medidas que restituyan derechos básicos y promuevan una convivencia justa y solidaria.
Complementariedad con el nuevo Reglamento de Extranjería
El Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, constituye un paso positivo y necesario para garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes. Sin embargo, deja fuera a numerosos colectivos vulnerables que nuestras entidades acompañan cotidianamente:
- Personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia.
- Personas indocumentadas, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos.
- Personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica.
- Trabajadoras y trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración.
- Solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad.
- Familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas.
La voz de la Iglesia ante el Congreso
En su comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Migraciones del Congreso, el pasado 18 de junio, Cáritas —en representación de REDES, CONFER y el Departamento de Migraciones de la CEE— defendió que la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias. Se subrayó entonces que no se trata de privilegios, sino de justicia, reconociendo la realidad de cientos de miles de personas que ya forman parte activa de nuestra sociedad.
Amplio consenso social
La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsa esta regularización fue avalada por más de 700.000 firmas ciudadanas y cuenta con el respaldo transversal de movimientos sociales, organizaciones eclesiales, sindicatos y colectivos profesionales. Este consenso refleja la creciente conciencia de que la irregularidad administrativa no solo vulnera derechos humanos, sino que también erosiona la cohesión social.
Nuestra llamada
Desde el Grupo Eclesial de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) instamos a todos los grupos parlamentarios a que:
- Retomen la vía del consenso en materia migratoria, fuera de discursos de odio y polarización, sin instrumentalizar a personas vulnerables, tal y como mostraron el 9 de abril de 2024 en la aprobación de la tramitación de la iniciativa con una amplia mayoría
- Aprueben, sin más dilaciones, la regularización extraordinaria en trámite en el Congreso.
- Garanticen que este tema esencial para la convivencia, el bien común y la dignidad humana quede al margen de los cálculos políticos.
- Escuchen el clamor de la sociedad civil, de la Iglesia y de las propias personas migrantes que reclaman reconocimiento y justicia.
- Y exhortamos, en todo caso, al Gobierno español a que, en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, adopte esta medida si no fuese posible alcanzar el respaldo de una mayoría parlamentaria.
La regularización extraordinaria es una medida de responsabilidad política, ética y social. Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión.