La RECTP exige la tramitación urgente de la ley integral contra la trata de seres humanos

Las más de 30 entidades sociales que integramos la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP), entre las que se encuentra Cáritas Española, llevamos más de diez años trabajando para que el Estado español cuente con una ley integral que aborde todas las formas de trata y todos los tipos de explotación de seres humanos y que contribuya a la protección y garantía efectivas de los derechos de las víctimas.

 El pasado año la RECTP participó activamente en el trámite de audiencia pública de este anteproyecto de ley haciendo llegar un extenso documento de propuestas nacidas de su experiencia de intervención y en línea con los estándares internacionales, y también se dirigió a los ministerios competentes para trasladarles sus preocupaciones y recomendaciones. Sin embargo, constatamos una preocupante falta de voluntad política por parte del Ejecutivo para cumplir con este compromiso y con sus obligaciones internacionales, ya que continúan acumulándose los retrasos y dilaciones en dicho proceso legislativo. De esta manera, se incrementa el riesgo de que la presente legislatura termine sin que la citada ley pueda ver la luz.

Coincidiendo con el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos (18 de octubre), desde la RECTP seguimos insistiendo en que la futura ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos debe abordar todas las formas de trata y todos los tipos de explotación, cumpliendo así con los estándares exigidos por los mecanismos internacionales; incorporar las perspectivas de derechos humanos, infancia, discapacidad, interseccionalidad y género y situar a las víctimas en el centro de las políticas públicas.

Es necesario recodar que diferentes instancias internacionales, en particular, el Grupo de Expertas contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA), el Examen Periódico universal (EPU) de Naciones Unidas y el Comité de Derechos Humanos, han recomendado recientemente al Estado español la adopción de una ley integral contra la trata y un mecanismo nacional de derivación y asistencia a las víctimas.

Trasponer la directiva

Nuestro país tiene la obligación de trasponer, al marco normativo interno, el contenido de la nueva Directiva Europea 2024/1712, aprobada en 2024, sobre la lucha contra la trata. Esta norma amplía las definiciones y medidas de protección ante todas las formas de explotación y obliga a los Estados miembros a adoptar leyes integrales y coordinadas.

Además, en el marco de la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) España tiene la oportunidad de garantizar mecanismos de detección, identificación y protección a todas las víctimas de trata y explotación.

Por otra parte, en el ámbito nacional, distintas políticas, como el Segundo Plan de Derechos Humanos (2023-2027), el  Plan Operativo para la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución (Plan Camino, 2022-2026), la Estrategia Estatal contra Violencias Machistas (2022-2025), la Estrategia de Desarrollo Sostenible (2030) y el Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos (PENTRA), contemplan la voluntad del Gobierno de aprobar una ley orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos, en sintonía con las recomendaciones de mecanismos internacionales. Del mismo modo, la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia prevé la adopción de reformas legislativas alineadas con la LO 8/2021 que garanticen una aproximación integral a la violencia hacia la infancia y la adolescencia, incluida la trata de niñas, niños y adolescentes.

Según datos oficiales ofrecidos por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado (CITCO) del Ministerio del Interior, en el año 2024 tan solo 1794 personas fueron identificadas formalmente como víctimas de trata y explotación en sus distintas finalidades. Cifra muy alejada de las más de 7697 víctimas potenciales, que de acuerdo con la misma fuente (CITCO) fueron detectadas en situación de riesgo por trata de seres humanos y explotación sexual en lugares de prostitución, sin tener en cuenta las personas detectadas en otros espacios. Estos datos no reflejan la dimensión real de la trata como grave violación de derechos humanos. 

Las organizaciones de la sociedad civil exigimos al Gobierno que reafirme su voluntad política en esta materia y desbloquee cuanto antes este proceso legislativo, con la aprobación por parte del Consejo de Ministras/os del Anteproyecto de Ley Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos en segunda vuelta. De igual forma, solicitamos al Congreso que tramite este proyecto de ley bajo el procedimiento de urgencia antes del final de la presente legislatura. De no hacerse, lamentablemente España continuará incumpliendo con su compromiso con los derechos de las víctimas de trata y explotación de seres humanos y también con sus obligaciones internacionales.

Cáritas Jerusalén expresa su «profundo alivio y esperanza» tras el acuerdo para poner fin a la guerra

El secretario general de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar, expresó su profundo alivio y esperanza al escuchar la noticia del acuerdo para poner fin a la guerra y liberar a prisioneros, detenidos y secuestrados de ambas partes.

“Esta mañana despertamos con la noticia del acuerdo que pone fin a la guerra y libera a los prisioneros, detenidos y secuestrados de ambos lados.
Todos nuestros colegas en Gaza están muy felices con la noticia y muy comprometidos en ayudar a todos los afectados por la guerra —los pacientes, las víctimas y los que sufren el dolor en Gaza—. En esta nueva fase, esperamos poder reconstruir las almas de las personas en Tierra Santa, y especialmente en Gaza.”

El cardenal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalén y Presidente de Cáritas Jerusalén, también compartió un mensaje lleno de emoción tras el anuncio.

«Es una buena noticia, obviamente. Estamos muy felices. Es un primer paso, una primera fase. Por supuesto, habrá más obstáculos. Pero ahora debemos alegrarnos por este paso tan importante que aportará un poco más de confianza en el futuro y también una nueva esperanza, especialmente para el pueblo, tanto israelí como palestino. Y ahora finalmente vemos algo nuevo y diferente. Por supuesto, también habrá una nueva atmósfera para continuar las negociaciones, incluso para toda la vida dentro de Gaza, que seguirá siendo terrible durante un tiempo. Pero ahora estamos felices. Y esperamos que este sea solo el comienzo de una nueva etapa en la que podamos empezar, poco a poco, a pensar no en la guerra, sino en cómo reconstruir después de la guerra».

En su comunicado, Cáritas Jerusalén señala que recibe el anuncio con gratitud y esperanza. «Estamos a la espera de los detalles sobre la apertura de todos los corredores humanitarios para la entrega de ayuda, y reafirmamos nuestro firme compromiso de acompañar al pueblo de Gaza mientras inicia el largo camino de sanación, recuperación y reconstrucción», concluye.

Cáritas Jerusalén informa que sus operaciones en cinco de los diez puntos médicos, incluido su centro médico principal, se encontraban suspendidas desde el 22 de septiembre de 2025, cuando comenzó la evacuación en Gaza. Hasta ayer, 102 empleados de Cáritas continuaron su vital labor al sur de Wadi (Gaza), operando en los cinco puntos médicos restantes. Además, ayer se inauguraron tres nuevos puntos médicos en el sur de Wadi (Gaza) para ampliar aún más la ayuda humanitaria.

Entidades de Iglesia piden la aprobación de una regularización extraordinaria que ponga en el centro la dignidad de las personas migrantes

La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española viene desde 2021 reclamando la aprobación de un procedimiento de regularización extraordinaria de personas extranjeras en España. Durante estos años, hemos liderado un diálogo político que permitiera la aprobación de la ILP regularización que cada vez es más urgente y necesaria.

Fundamento ético y social

En su mensaje con motivo de la 111ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, el Papa recuerda que “nadie debe ser excluido de la mesa común de la humanidad” y que la acogida y la inclusión de las personas migrantes son camino de paz y de bien común. Subraya, además, que, en un mundo oscurecido por guerras e injusticias, los migrantes y refugiados se erigen como mensajeros de esperanza. Y nos recuerda que “su presencia debe ser reconocida y apreciada como una verdadera bendición divina” para muestras comunidades.

Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana señalan también con motivo de esta Jornada que “los migrantes están revitalizando con su juventud, sus valores, su trabajo, sus vidas, sus familias, su fe, sus ideales, la realidad social y eclesial de nuestro país… Tengamos esa mirada abierta para percibir así su riqueza y aportación».

Desde esta convicción cristiana y humanista, denunciamos la exclusión generada por la irregularidad administrativa y exigimos medidas que restituyan derechos básicos y promuevan una convivencia justa y solidaria.

Complementariedad con el nuevo Reglamento de Extranjería

El Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, constituye un paso positivo y necesario para garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes. Sin embargo, deja fuera a numerosos colectivos vulnerables que nuestras entidades acompañan cotidianamente:

  • Personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia.
  • Personas indocumentadas, que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos.
  • Personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica.
  • Trabajadoras y trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración.
  • Solicitantes de protección internacional denegada, que quedan atrapados en largos periodos de irregularidad.
  • Familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas.

La voz de la Iglesia ante el Congreso

En su comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Migraciones del Congreso, el pasado 18 de junio, Cáritas —en representación de REDES, CONFER y el Departamento de Migraciones de la CEE— defendió que la regularización extraordinaria es un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias. Se subrayó entonces que no se trata de privilegios, sino de justicia, reconociendo la realidad de cientos de miles de personas que ya forman parte activa de nuestra sociedad.

Amplio consenso social

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que impulsa esta regularización fue avalada por más de 700.000 firmas ciudadanas y cuenta con el respaldo transversal de movimientos sociales, organizaciones eclesiales, sindicatos y colectivos profesionales. Este consenso refleja la creciente conciencia de que la irregularidad administrativa no solo vulnera derechos humanos, sino que también erosiona la cohesión social.

Nuestra llamada

Desde el Grupo Eclesial de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) instamos a todos los grupos parlamentarios a que:

  • Retomen la vía del consenso en materia migratoria, fuera de discursos de odio y polarización, sin instrumentalizar a personas vulnerables, tal y como mostraron el 9 de abril de 2024 en la aprobación de la tramitación de la iniciativa con una amplia mayoría
  • Aprueben, sin más dilaciones, la regularización extraordinaria en trámite en el Congreso.
  • Garanticen que este tema esencial para la convivencia, el bien común y la dignidad humana quede al margen de los cálculos políticos.
  • Escuchen el clamor de la sociedad civil, de la Iglesia y de las propias personas migrantes que reclaman reconocimiento y justicia.
  • Y exhortamos, en todo caso, al Gobierno español a que, en el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades, adopte esta medida si no fuese posible alcanzar el respaldo de una mayoría parlamentaria.

La regularización extraordinaria es una medida de responsabilidad política, ética y social. Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión.