Tras el lanzamiento, el pasado martes, de un documento de propuestas urgentes para garantizar los derechos de las personas en situación de exclusión social más expuestas ante los efectos del coronavirus, Cáritas ha recibido con esperanza las medidas sociales que el Gobierno plantea en el Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo para responder al impacto económico y social del COVID-19. Es también digno de destacar el importante esfuerzo presupuestario de movilización de recursos que acompaña al Real Decreto.
Muchas de estas medidas pueden ayudar a paliar la situación de muchas personas y familias, fundamentalmente de las clases medias, que son la gran mayoría social, en estos momentos de gran inseguridad e incertidumbre. En concreto, son medidas que pueden ayudar a esos 6 millones de personas, que como señalan los estudios de FOESSA, integran la “sociedad insegura” y que está más expuesta a caer en la exclusión social. Una sociedad insegura que espera del apoyo del Estado para no sentirse abandonada.
Baja capacidad protectora
Las medidas adoptadas, sin embargo, no abordan del todo las propuestas planteadas por Cáritas para paliar los efectos que esta crisis va a producir entre la población más excluida. El Real Decreto muestra, en general, una capacidad protectora baja para las familias que ya viene sufriendo las situaciones de pobreza y exclusión social. Y si ahora no se abordan medidas dirigidas a estos sectores, se podrá producir un enquistamiento en su situación ante la debilidad de la intensidad protectora de sus derechos humanos.
Po ello, si bien Cáritas aplaude las medidas incluidas en el Real Decreto, insta al Gobierno a dar un paso más allá en las próximas semanas en esta estrategia de articulación de un “escudo social” ante los efectos de la emergencia y apruebe sin demora nuevas medidas que, de verdad, no dejen a nadie atrás y se dirijan de manera específica a las personas en situación social más precaria.
Tras cotejar las medidas incluidas en el Real Decreto (RD) con las propuestas presentadas por Cáritas, esta es la valoración que hacemos, por sectores sociales, de las mismas.
Empleo
El RD no incluye nuestra propuesta de prorrogar de forma extraordinaria las prestaciones por desempleo de las personas que se verían fuera del sistema de protección por vencer su prestación en marzo y abril, con posibilidad de extensión si la situación de emergencia lo requiere. Sí está contemplada, sin embargo, la prórroga del subsidio por desempleo sí está incluida (art. 27 RD-Ley).
En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo nos parece positivo que, en la línea propuesta por Cáritas, se adopten medidas que supongan evitar los despidos, y garantizar, en su caso, que se cobren las prestaciones por desempleo, flexibilizando los requisitos para que puedan acceder a dicha prestación por desempleo todas aquellas personas que por culpa de esta crisis van a perder su puesto de trabajo.
Sobre nuestras demandas en el ámbito del empleo doméstico, destacamos el olvido respecto a este colectivo, especialmente vulnerable, donde sus trabajadoras desempañan su labor en condiciones precarias, con un alto índice de economía sumergida y que, a día de hoy, todavía no tienen reconocía legalmente la prestación por desempleo. Echamos en falta, ante la eventual la pérdida de empleos en este sector a causa del coronavirus, la aprobación de una ayuda de emergencia temporal que ayude a cubrir esta contingencia.
Vivienda
El RD no incluye la moratoria de desahucios ni la moratoria del pago de alquileres, sino solo la de moratoria de deudores hipotecarios.
Cabe recordar que la propia Relatora especial de Naciones Unidas para una vivienda adecuada publicaba ayer mismo una recomendación para todos los Estado miembro en referencia a la actual crisis del coronavirus con un título muy elocuente: “La vivienda como primera línea de defensa” ante esta pandemia.
Por eso, creemos de la máxima urgencia la adopción de todas las medias posibles para evitar situaciones de pérdida de vivienda, desalojo o desahucios. Se trata de una medida preventiva sanitaria de mayor magnitud. Asimismo, en cumplimiento del objetivo de “no dejar a nadie atrás”, debe incluirse también una moratoria en el pago del alquiler cuando los titulares de la vivienda sean entidades bancarias y grandes tenedores.
Personas en situación de grave exclusión
En el RD no se contempla, en la aplicación del estado de alarma, las cuestiones relacionadas con la prohibición de estar en la vía pública que afecta a aquellas personas que carecen de otro lugar en el que vivir o que necesitan desplazarse para acudir a servicios sociales básicos.
En cuanto a la garantía de ingresos mínimos planteada por Cáritas –que son la última red de protección social de las personas y familias— de prorrogar de forma automática las rentas mínimas concedidas y las que tendrían que ser renovadas en marzo y abril, mientras las circunstancias actuales permanezcan, así como resolver de forma urgente las que están en curso, el RD tampoco contempla ninguna medida específica.
Alimentación
El Gobierno anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros para que las familias que tuvieran concedidas becas de comedor, puedan hacer efectivo este derecho, a pesar de encontrarse los centros educativos cerrados.
Cáritas, sin embargo, proponía que, para asegurar el derecho a la alimentación de los menores afectados por el cierre de colegios y comedores escolares, se gestionaran las ayudas previstas en forma de tarjetas canjeables en todo tipo de supermercados y comercios de alimentación para aquellas familias que ya tuvieran reconocido su derecho a becas comedor. El Real Decreto no incluye esta propuesta.
Inmigración y protección internacional
No se han incluido ninguna de las propuestas planteadas por Cáritas. Sin embargo, sabemos que se están dictando instrucciones desde la Secretaría de Estado de Migraciones y la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que pueden ser adecuadas si abordan las respuestas a las realidades señaladas en nuestras propuestas y arbitra soluciones que garanticen la regularidad de las personas migrantes y refugiadas.
Nos preocupa la situación de las personas que a día de hoy siguen encerradas en los CIE. Entendemos que estos Centros deben ser cerrados y arbitrar una solución organizada en la línea de la propuesta portada por Cáritas a la salida de los internos.
Suministros básicos
Como aspectos positivos, el RD recoge la renovación automática del bono social hasta 15 de septiembre, la congelación de la tarifa del butano y de la Tarifa de Último Recurso de gas natural, y la protección del suministro telefónico y el acceso a internet, que es un elemento esencial para frenar el aislamiento de familias y personas durante el confinamiento, y posibilitar la asistencia médica telefónica de las personas afectadas por el coronavirus en sus casas.
De todos modos, en el RD hay aspectos que nos generan dudas. Una de ellas se refiere a la protección general de los colectivos más vulnerables frente a cortes de suministros por impago, ya que la redacción actual plantea dudas sobre si esa medida beneficiaría igualmente a las familias que se encuentran en el mercado eléctrico libre.
El RD circunscribe esta protección a consumidores donde “concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo y en exclusión social” conforme a lo definido en la normativa que regula el bono social eléctrico. Pero esa normativa señala que, para ser considerado consumidor vulnerable, además de requisitos de renta y de otras circunstancias especiales, tiene que estar “acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC)”. Si la aplicación es literal, se estarían dejando fuera a 1,5 millones de familias que actualmente están en el mercado libre (que ya son más que las que está en el mercado regulado). El Gobierno debería clarificar cuanto antes esta circunstancia.
Trabas burocráticas
Por último, las medidas contempladas en el RD imponen trabas burocráticas para el acceso a las prestaciones y ayudas por parte de las personas más vulnerables, sobre todo en lo que atañe a la obligación de demostrar “la necesidad del apoyo”.
Sería necesario introducir un cambio en la forma de procesar las ayudas y prestaciones para que sean concedidas por el mero hecho de declarar la necesidad y que a posteriori, y con un plazo de tiempo amplio, se produzca la obligación de demostrar esa necesidad, o de compensar esa ayuda percibida.
Cáritas al lado de los vulnerables
Cáritas conoce a la población vulnerable que está más expuesta a los efectos de esta crisis sanitaria. Conocemos a las personas más pobres de nuestra sociedad, hacia las que se dirige nuestra misión de escucha y de trabajo conjunto para paliar, a veces, solucionar, en otras, acompañar, la mayoría, sus procesos de vida y de participación en pie de igualdad con el resto de la ciudadanía.
En esta coyuntura, las 70 Cáritas Diocesanas del país han sumado sinergias para adaptar sus recursos y proyectos a las nuevas necesidades planteadas por esta emergencia tanto en las personas que atendemos como en los voluntarios y trabajadores, que están conciliando las exigencias de prevención con la necesidad ineludible de responder a las necesidades de las personas empobrecidas.
Esta crisis sanitaria se ha mezclado con una crisis de confianza en nuestras instituciones y sus representantes. En nuestra relación permanente con la vulnerabilidad, percibimos en las personas que acompañamos una desconfianza contradictoria, ya que las personas vulnerables son de las que más necesitarían tanto de las instituciones como del apoyo del resto de la sociedad, Sin embargo, no se sienten apoyadas. Se consideran estancadas en su situación y, en cierta manera, descartadas, en expresión del papa Francisco.
Estas personas llevan más de una década pidiendo ayuda, reclamando protección porque se encuentran cada vez más a la intemperie, pero sus reclamaciones no se traducen en políticas públicas fuertes. Por eso, creemos que este Real Decreto es un buen primer paso para recuperar la confianza perdida de ese sector social que se ha sentido demasiado tiempo sin el suficiente apoyo. Pero no basta.
No podemos dejar nadie atrás
Recordamos que el sentido primigenio de nuestros Estados del Bienestar es no dejar a nadie atrás ante las desigualdades, desde que nacemos hasta que morimos.
Cáritas ofrece su compromiso y toda su capacidad como organización social del Tercer Sector para trabajar junto al Gobierno de España y el conjunto de Administraciones públicas para paliar aquellas necesidades que no han podido ser acometidas en el actual Real Decreto.
Urge seguir avanzando y ampliar el alcance de estas medidas iniciales para que el objetivo de construir ese “escudo social” defienda realmente a los ciudadanos y las familias más desprotegidas. No podemos permitir que esta nueva crisis ahonde aún más la desvinculación de un porcentaje importante de la población y la expulse de la sociedad.
